La crisis ‘muerde’ a las perreras

Los mismos servicios pero a mucho menor coste. La filosofía del ahorro que impera en los tiempos de crisis también ha llegado a los centros de acogida de animales catalanes. Por lo pronto, las más afectadas son las empresas encargadas de la gestión de las protectoras, que han visto reducidas las subvenciones que reciben de la Generalitat o han sufrido retrasos de hasta dos años para cobrarlas. También han tenido que renegociar los contratos con los Ayuntamientos, siembre a la baja. Los gestores temen que los animales terminen afectados.

La situación de la Sociedad Protectora de Animales de Mataró (SPAM) (Maresme) ejemplifica el caso. La ONG ha sido embargada por la Seguridad Social y Hacienda porque no ha podido hacer frente a sus obligaciones. La Generalitat, según informa Europa Press, le debe 55.000 euros de una subvención desde 2010. Ni el Departamento de Agricultura ni el de Economía explican el retraso.

En 2011, SPAM logró llevarse el concurso para gestionar el Centro Comarcal de Animales del Barcelonès. Fue la primera entidad sin ánimo de lucro en conseguir un contrato de este tipo. La ONG llegó a administrar cuatro centros (el de Badalona, dos de Mataró y uno en Sant Boi de Llobregat), una plantilla de 50 empleados y a atender a 600 perros y 200 gatos. “Siempre íbamos bastante al límite; el origen del problema fue la dimensión de la plantilla”, explicó Sílvia Serra, presidenta de la entidad. Desde finales del año pasado los Ayuntamientos también intentaron continuar con los programas a un menor coste y el dinero que aportan los 1.500 padrinos y socios no alcanzó.

La empresa no supo acomodarse rápidamente a los nuevos tiempos y SPAM tuvo que dejar el pasado junio los centros de Badalona y Sant Boi tras aplicar dos ERE que mandaron 30 trabajadores “mileuristas” a la calle, según Serra. El resto trabaja sin cobrar, y se ha renunciado a todos los programas educativos adicionales. Serra no reveló el monte de la deuda con Hacienda y Seguridad Social, que le intervino las facturas. La presidenta cree que no debería ser tratada como una empresa con ánimo de lucro.

La situación económica también se llevó por delante el centro de Granollers. Aunque ahora está en manos de un grupo sin ánimo de lucro —al que el Ayuntamiento ha cedido la gestión—, en enero tuvo que cerrar sus puertas debido a su alto coste de mantenimiento. El Consell Comarcal del Vallès Oriental pagaba 400.000 euros anualmente. El centro fue inaugurado en 2004 para mancomunar servicios de los diferentes municipios, resultaba más barato llevarlos a otros sitios. La crisis también ha disparado el abandono de animales que las familias no pueden sostener. “La labor de adopción que desarrollamos desde los centros está en peligro por la crisis”, dijo Serra.