El culpable fue el sexto barrote

“No se dan los elementos necesarios para apreciar un homicidio imprudente, como pretende el recurrente, ni existe imprudencia con relevancia penal”. Así han dado carpetazo los jueces a un desgraciado accidente registrado en el hospital 12 de Octubre el 26 de septiembre de 2010 en el que murió un niño de 21 meses, tras colarse por una valla del centro en el que faltaba un barrote. Los magistrados solo han dejado abierta a los padres las vías civil o administrativa para reclamar por el fallecimiento de su hijo. Los progenitores lamentan esta resolución y aseguran que su única intención siempre ha sido evitar que se reproduzcan hechos similares.

El accidente se produjo a las 18.40 del domingo 26 de septiembre. El matrimonio Eusebio Ortega Cardeñosa y Beatriz Sánchez Sainero habían ido junto con sus dos hijos al hospital para ver al padre de ella. Estaba internado por un cáncer. El hombre salió en una silla de ruedas por la puerta Norte del edificio principal del centro para ver a sus familiares.

El pequeño, que estaba junto a su padre, se coló por el hueco que dejaba el sexto barrote inexistente. Se precipitó lateralmente, pero dio al menos una vuelta y se golpeó la cabeza contra el asfalto, tras caer unos 7,5 metros. “¡Mi niño, mi niño se ha matado, que se ha matado, que se ha caído!”, comenzó a gritar el abuelo. Intentó levantarse de la silla, pero cayó al poco.

El progenitor bajó a toda velocidad y recogió al pequeño en sus brazos. Ya ni se movía ni respiraba. Una policía nacional, destinada a la comisaría de Latina y que había acudido con una mujer del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche, le ayudó en el traslado hasta el servicio de urgencias.

El parte médico del médico de urgencias ya pronosticaba un desenlace fatal. Sufría un traumatismo craneoencefálico muy grave y una exploración de diagnóstico por imagen despejó las dudas: el pequeño tenía una fractura craneal compleja, hemorragia subaracnoidea e intraventricular importante, además de hematoma subdural y epidural. A los dos días, se determinó la muerte cerebral del pequeño. Sus padres donaron todos sus órganos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Sagrario Herrero Enguita, realizó el 3 de octubre una exhaustiva inspección ocular en el lugar del accidente. A la misma asistieron especialistas del Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica y responsables del grupo de Policía Judicial de la comisaría de Usera-Villaverde.

El sexto barrote ya había sido colocado y soldado. También había sido pintado y tenía un color distinto al resto de la barandilla, que 92,5 centímetros de altura. Un responsable del centro indicó que se puso justo a la media hora de producirse el accidente para evitar que se repitieran hechos luctuosos similares. De hecho, el propio abuelo dio su teléfono móvil a una enfermera poco después del accidente para que fotografiara la valla. Cuando bajó, ya la estaba arreglando.

El informe de Policía Cientifica determinó que antes de que repusiera el barrote había un hueco de 28 centímetros de ancho, un espacio más que suficiente para que se colara un niño de 21 meses. Los técnicos comprobaron que aquella misma mañana se estaban reparando otras barandillas del hospital: “Los funcionarios actuantes han observado en el momento de realizar la inspección ocular cómo se están realizando trabajos de reparación de barandillas”.

Los especialistas policiales analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del centro y comprobaron que no existían grabaciones del momento del accidente. Lo que sí quedó constatado en seis fotogramas que faltaba un barrote de la valla, el reflejo en los cristales de la puerta de acceso del hospital de la figura de un niño y una persona mirando hacia el lugar donde posiblemente suceden los hechos.

La juez interrogó a los familiares y los testigos y, tras analizar todas las pruebas periciales, decidió el archivo de la causa. “Reiteramos que una responsabilidad a depurar en el ámbito civil o administrativo sí puede ser advertida pero entendemos igualmente que un procedimiento penal no es el cauce adecuado para tal reclamación”, explica la magistrada de apoyo del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Carmen Simón Sánchez.

Los padres recurrieron, a través de su abogado, Carlos Sardinero y la asociación El Defensor del Paciente, ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del Juzgado número 3. La sección 16ª dictó un auto, del que fue ponente el magistrado Eduardo Cruz Torres, por el que se mantenía el archivo del procedimiento. “Se han practicado multitud de diligencias de investigación, declaraciones de los perjudicados, testificales, reportaje fotográfico, inspección ocular, grabación de la zona de los hechos, sin que se aprecie responsabilidad penal en los mismos por parte de institución o persona alguna”, concluye el magistrado.

Los padres han mostrado su malestar por la decisión judicial, ya que no logran entender que nadie sea responsable de la muerte de un niño. Al menos los jueces deberían haber apreciado una negligencia o una imprudencia por parte de los responsables de mantenimiento. Ya han dirigido una carta a la dirección del centro por la que le piden una indemnización patrimonial de 176.214 euros. “Nunca hemos buscado dinero. Siempre hemos querido que se tomarán medidas para que no se repitieran hechos tan tristes como la muerte de mi hijo”, señalan los padres. Los dos, junto con su hijo, están en tratamiento psicológico. Sufren un trastorno de estrés postraumático.