El PP afirma ahora que no hay prisa para la investigación de las cajas

“Que no tengan prisa”. Es la respuesta del Partido Popular a los socialistas, que este fin de semanas urgieron a los populares la constitución inmediata de la comisión de investigación parlamentaria sobre la fusión de las cajas de ahorro. Cuando se acerca la hora de la verdad para la investigación, que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a impulsar este mes de agosto, el PP enfría las expectativas de la oposición. Lo hizo a través de su diputado Antonio Rodríguez Miranda, vicesecretario portavoz del partido, que dio largas al asunto y recomendó “templanza” al PSdeG.

Si la semana pasada el portavoz adjunto del grupo popular Román Rodríguez ya deslizaba que no será en agosto cuando la comisión comience sus trabajos, ayer Rodríguez Miranda evitó ponerle fecha. Según explicó, el compromiso del PP “se cumplió” con el acuerdo para crear la comisión de investigación. “El Partido Popular va a seguir con su línea de trabajo y va a cumplir sus compromisos con los gallegos, que es con quien tiene que cumplirlos”, se defendió el diputado por Ourense, que atribuyó a los grupos de la oposición la intención de “marcar el calendario”. “Se darán los pasos cuando sea oportuno”, zanjó.

La creación de la comisión de investigación, que venían reclamando con insistencia tanto socialistas como nacionalistas, se aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario el pasado 2 de agosto a iniciativa del grupo del PP, que se negaba hasta entonces con la explicación de que podría perjudicar el proceso de recapitalización del banco. Cuando Feijóo anunció en el Parlamento el impulso de la comisión, fijó el comienzo de sus trabajos para septiembre “o antes”. Ya en agosto, y en una entrevista con la agencia Efe, el presidente de la Xunta anunció su disposición a que los trabajos comenzasen este mismo mes. Pero preguntado sobre este compromiso, Rodríguez Miranda se limitó a señalar: “No hay impedimento para poder cumplir”.

Una de las cuestiones que deberá investigar la comisión es la venta indiscriminada de preferentes, cuyos titulares elevan el tono de sus protestas por semanas. Rodríguez Miranda criticó ayer el “ardor” con que los socialistas defienden a los afectados, cuando es un producto que se generalizó “cuando gobernaban en Galicia con el BNG”. “Es una lástima que no mostrasen el mismo ardor entonces”, les recriminó. El diputado popular consideró “positivas y favorables” las medidas sobre las preferentes que adoptará el Gobierno de Rajoy en el Consejo de Ministros del próximo viernes, a pesar de que contienen más garantías para controlar la venta futura de este producto financiero que soluciones para los que ya las han contratado

El Partido Popular, añadió el parlamentario orensano, está “de acuerdo” con que “se tienen que aprobar medidas normativas serias” para evitar “un hecho que nunca debió ocurrir”. Aseguró que la Xunta está “profundamente implicada” en la búsqueda de soluciones para los afectados, aunque consideró que con el arbitraje impulsado por el Instituto Galego de Consumo se agotan prácticamente las competencias autonómicas. Sobre la posibilidad de efectuar quitas en la devolución de las cantidades ingresadas, Rodríguez Miranda instó al PSdeG a que utilice “los esfuerzos que gasta en no decir toda la verdad a esas personas con las que va a la calle” para “hablar con su compañero de partido” Joaquín Almunia, comisario europeo de la Competencia, con el objetivo de encontrar “soluciones más razonables” que una quita a los afectados.

Miranda, por otra parte, se refirió a la reforma de la Ley Electoral, para la que ve margen de negociación siempre que no afecte a la reducción de 75 a 61 diputados, a la que se oponen socialistas y nacionalistas. Pese a la negativa de la oposición a conversar con el PP sobre lo que consideran un “pucherazo”, los populares mantendrán “la mano tendida” en septiembre, aunque no cambia la intención de aprobar la rebaja de escaños sin consenso. El también vicesecretario del PP defendió la propuesta por ser “clara y coherente”, así como “impoluta” desde el punto de vista jurídico y respetuosa con el Estatuto de Autonomía.