El sector público pierde un 7% del empleo, más que la empresa privada

Las administraciones y sus entes prescinden de 39.120 puestos de trabajo

Empleados públicos protestan contra los recortes en Sevilla.
Empleados públicos protestan contra los recortes en Sevilla.JULIÁN ROJAS

Las islas laborales de la administración desaparecen. La supuesta estabilidad en el trabajo de las entidades vinculadas a gobiernos de todos los ámbitos también la ha destruido la crisis y el sector público pierde ya más empleo que el privado. Según el último estudio de la Encuesta de Población Activa realizado por la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, el volumen de empleados públicos en Andalucía ha caído un 7% en el último año (5,5% en España) mientras que en el sector privado la pérdida es del 4,3%.

El pasado año había en la comunidad 572.283 empleados públicos. Este año, en los primeros seis meses, se han perdido 39.120 de esos puestos de trabajo.

Ayuntamientos con regulación de empleo como Jerez o Estepona, empresas públicas como Tragsatec, con 89 despidos en tres meses, son solo algunos casos. El goteo es diario. Todos los contratados temporales de fundaciones y entidades públicas van abandonando.

De los más de 2,5 millones de empleados públicos de España, casi un 21% trabaja en Andalucía. Hasta ahora, habían asumido una reducción salarial y posteriores congelaciones su parte de los ajustes, hasta perder un 21% de poder adquisitivo desde 2010. Pero la situación va a peor. La jornada laboral aumenta y los puestos dejados por los funcionarios que se jubilan o que enferman no se reponen, por lo que los empleados que quedan tienen que atender el exceso de demanda que se genera. A esta situación hay que sumar los ERE en empresas públicas y ayuntamientos.

En tres años se perderán en España 300.000 puestos de trabajo en el sector público, según calcula Josep Oliver, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Los últimos datos de paro registrado y de afiliaciones demuestran que se está destruyendo empleo público", ratifica José Ignacio García, profesor de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Y no le extraña. "En los ayuntamientos", comenta como ejemplo, "las plantillas están sobredimensionadas. Se han creado puestos estructurales en vez de coyunturales a expensas de unas expectativas de ingresos que no se han cumplido".

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Hasta ahora, el ajuste en la administración se había reflejado en los salarios. A la reducción acordada en 2010 por "la dureza y profundidad de la crisis", según reconocía la propia orden, se le han sumado sucesivas congelaciones que en Andalucía se han aderezado con nuevos recortes. De hasta el 15% para los interinos andaluces.

En total, según calcula Francisco Camarillo, presidente nacional de Administración en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la pérdida del poder adquisitivo varía entre un 13,5% y un 21%.

Este recorte se ve ahora afectado por la ampliación de jornada, que queda en todo el territorio en 37,5 horas frente a las 35 horas, y sobre todo por el aumento de carga de trabajo y del número de usuarios sin que crezca el personal que los atiende por la orden de no reponer los empleados que se jubilen o se den de baja.

Oliver refleja en su estudio Recesión dentro de la recesión, tendencias del mercado de trabajo, que en la administración y sus servicios concertados se han llegado a perder 115.000 puestos de trabajo en seis meses. Cree que la tendencia se mantendrá hasta 2014 con una pérdida de unos 100.000 empleos anuales en toda España.

La destrucción de empleo en las administraciones no solo procede de la nula tasa de reposición (salvo el 10% en fuerzas de seguridad, lucha contra el fraude fiscal e investigadores), sino también de los ERE en los ayuntamientos, en los entes públicos como las televisiones y en las empresas. En definitiva, de toda la red a la que Oliver se refiere con el gráfico concepto de “suburbios de la administración”.

En la administración central, el informe económico del presupuesto del Estado calcula que los gastos para personal (16.480,95 millones) son un 2,6% inferiores a 2011 por “la congelación de las retribuciones” y por la “reducción de la plantilla de personal”.

Camarillo destaca cómo las medidas aplicadas en el sector suponen un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores públicos, la mayoría de ellos de administraciones locales y autonómicas. En estas últimas, la reducción en partidas de personal superan los 3.000 millones.

También advierte Camarillo que a la pérdida de poder adquisitivo en un sector laboral cuyo salario medio puede rondar los 1.800 euros al mes, hay que sumar la supresión de partidas sociales (las aportaciones a planes de pensiones han pasado de 54 millones a cero), y los recortes en acción social o formación.

En los ayuntamientos, las plantillas están sobredimensionadas. Se han creado puestos estructurales en vez de coyunturales a expensas de unas expectativas de ingresos que no se han cumplido José Ignacio García, profesor de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide

José Blanco, coordinador del área pública de CC OO en Andalucía, advierte que el trabajador público presta servicios básicos que tienen cada vez más usuarios. “Hay que ver dónde se puede recortar que no sea el capítulo 1”, afirma. Y propone la reducción de altos cargos, el aplazamiento de programas que no sean urgentes y la búsqueda de inversiones alternativas.

El economista José Ignacio García cree que las soluciones de repartir el trabajo o rebajar el sueldo para mantener el empleo son poco eficientes. “En estos momentos se necesita un aumento de la productividad y estas medidas no la incentivan”, afirma. Este profesor sevillano cree que es necesario “adaptar la función pública a los nuevos tiempos” y “usar la remuneración por productividad y objetivos” como fórmula salarial.

Camarillo afirma que ellos serían los primeros interesados, pero advierte que, en la actualidad, las remuneraciones de la productividad “son arbitrarias”. “Ya ni se publican”, afirma.

José Ignacio García replica que tendría que ser un ente independiente o una agencia externa la que decida los objetivos de los departamentos. Pone como ejemplo que un profesor que utiliza el mes de julio para formarse debería cobrar más que uno que no lo hace. “Es la reforma más importante”, asegura.

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