Medina Azahara se libra del incremento de los delitos urbanísticos

La Fiscalía de Córdoba ha registrado un aumento del 21% en los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en la provincia. Pese a este incremento, en la zona de Medina Azahara, donde “se ha intensificado la vigilancia y control, no se detectaron en 2011 nuevas construcciones en la zona”, aunque se dictó alguna condena y los acusados procedieron a la demolición voluntaria.

Según detalla la Memoria del ministerio público relativa a 2011, la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía registró el año pasado en Córdoba un total de 373 procedimientos judiciales, de los que 248 fueron por ordenación del territorio y urbanismo y 49, de asuntos relacionados con patrimonio histórico. Se dictaron 32 sentencias por delitos urbanísticos, de las que 13 fueron condenatorias, y se interpusieron 64 denuncias. En Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente tiene contabilizados unos 700 expedientes contra viviendas ilegales.

A pesar de los datos, la fiscalía observa “un progresivo cambio de actitud” en la configuración de los delitos contra la ordenación del territorio como “meras infracciones administrativas”, así como “en la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal al abordarlos”.

Para la Fiscalía de Córdoba lo importante son las medidas cautelares, pues “la temprana adopción de las mismas” para asegurar y prevenir “coadyuva decisivamente a evitar la consumación del delito y a la posibilidad de acordar la restauración más fácilmente”. “No es lo mismo demoler una vivienda concluida y habitada que aquella en la que solo se ha levantado la estructura”, se aclara en el informe.

En todo caso, la fiscalía subraya que “la demolición es el único modo de restauración de la legalidad en los delitos contra la ordenación del territorio, imponiéndola cuando los hechos se realicen fuera de la legalidad urbanística vigente y cuando el delito vaya acompañado de un delito de desobediencia”.

La Junta tiene registrados 43 casos de viviendas ilegales en Andalucía que han sido demolidas entre 2005 y mediados de 2012 e identificadas 80.422 casas edificadas en suelo no urbanizable en los últimos cuatro años, 22.196 de ellas en zonas de especial protección.