“Es hora de romper el hilo conductor entre el tardofranquismo y la derecha”

Luis Naranjo (Córdoba, 1954) es director general de Memoria Democrática y asume, como reto, desarrollar un marco legal, social y educativo que permita recuperar la historia, la verdad.

Pregunta. ¿Hay dinero para la memoria?

Respuesta. La coyuntura presupuestaria es la que es y los recortes afectan a todos. Eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Hay algún dinero. En 2013, la orden de subvenciones va a salir. La de 2012 está paralizada por la cuestión presupuestaria y por la situación política tras las elecciones. Tenemos fondos para actuaciones urgentes, como la placa del cementerio de Granada, que vamos a subvencionar ahora, o para algún monolito.

P. Las actuaciones de 2012, ¿podrán acogerse a la orden del próximo año?

R. En algunos casos, sí. Siempre que no supongan cantidades elevadas. Es lo que tenemos previsto. Ahora, lo más urgente son los monolitos de la memoria comprometidos, como en el valle del Marrufo, la placa de Granada, la carretera de la marcha de la muerte de Málaga a Motril y en la desembocadura del Guadalfeo...

P. ¿Cuál es la vía para impulsar las exhumaciones técnicamente posibles con poco dinero?

R. La utilización de recursos públicos. Es un contrasentido pagar a empresas privadas para análisis de ADN o a especialistas como arqueólogos e historiadores cuando nuestras universidades tienen magníficos departamentos que pueden asumir estas funciones. Esto abarataría los costes y los dejaría sólo en lo que cuesten los materiales.

P. Muchas asociaciones solo cuentan con la iniciativa privada o la Junta.

R. La Junta ha exhumado muy poco directamente, la mayoría ha sido con acuerdos puntuales con asociaciones. Las exhumaciones se han realizado a partir de las subvenciones que daba el Gobierno central. La Junta no ha estado presente de oficio como institución política hasta ahora. Y no tenía que estarlo. Eso va a cambiar. La idea es darle más peso a lo público, no sólo en las exhumaciones. Hay mucho que hacer en señalización, reconocimiento de lugares y de víctimas y dar a conocer lo que pasó. La exhumación es solo una parte de la memoria. Todo esto va a cambiar con la nueva Ley de la Memoria.

P. ¿Qué va a suponer?

R. Va a suponer el protagonismo de lo público en los procesos de exhumación y de reparación y divulgación de la memoria. Nuestra intención es que la Junta esté siempre presente. No puede ser que la Junta no se haya enterado del 90% de las actuaciones. La Junta es la representación del Estado y es un deber democrático liderar la respuesta a las víctimas. Para que se aplique, hay que contar con las asociaciones, con la trama social, con el movimiento ciudadano... pero la responsabilidad última es del Estado. La Ley de Memoria que saldrá en ocho o nueve meses va en este sentido. Eso no quiere decir que vayamos a poner todo el dinero. Vamos a presionar al Gobierno central para que siga asumiendo sus responsabilidades. Hemos tenido una entrevista con el fiscal jefe del TSJA y hemos planteado la posibilidad de que la Junta se persone de oficio en los casos de exhumación. También hemos planteado que la Junta pueda, con sus funcionarios, levantar acta de la exhumación y de las circunstancias de las mismas para que pueda ser considerada como prueba.

P. ¿Qué consecuencias tendría?

R. Esto facilitaría o ayudaría a definir los crímenes del franquismo como delitos no prescriptibles y de lesa humanidad.

P. ¿Cómo puede convencer a los críticos de la importancia de la memoria democrática?

R. Los demócratas, incluida la derecha española, no pueden oponerse a que se conozca la verdad y a que se repare la memoria de quienes fueron asesinados. La derecha europea lo ha hecho. ¿Por qué no puede hacerlo la española? Ese hilo conductor entre el tardofranquismo y la derecha democrática es hora de que se rompa. El consenso debe ser muy amplio y necesario. Un país democrático no puede continuar con la anomalía, que no se da en ningún lugar, de que haya víctimas enterradas en las cunetas o símbolos franquistas en las ciudades. Cada vez hay más gente que no quiere que exista ese vacío, ese lugar oscuro, en nuestra historia reciente. Es una obligación democrática.

P. ¿Va a facilitar la inscripción en los registros civiles de los fallecidos durante el franquismo?

R. Depende de Justicia y de Interior. Nuestra intención es reunirnos con ellos para ver qué se puede hacer y que todos los asesinados terminen inscritos. La memoria es poliédrica, también desde el punto de vista institucional No tenemos más remedio que llegar a acuerdos con otras consejerías y administraciones. Ese es el camino. Y es clave y fundamental la unidad del movimiento asociativo.

P. ¿Por qué no se actualiza el mapa de fosas?

R. Llevamos un mes aquí, somos seis personas y hay que priorizar. Hay algunas identificaciones bien hechas y otras que no. Hay que retomarlo. Lo fundamental es ajustar la localización.

P. ¿Y en el ámbito de la educación, se puede hacer algo?

R. Una de las cosas que queremos incluir en la ley es un marco de colaboración con Educación. Esto es fundamental. Nos queda desarrollar programas como se ha hecho en medio ambiente, salud o violencia machista. Presupongo una disposición favorable en Educación para un programa que suponga elaboración de materiales, publicación de estos y aplicación en el aula con incentivos a los profesores. Estos deben entender que la transmisión en el aula de lo que fue la República, la Guerra Civil y la Dictadura no es una opción ideológica sino una exigencia científica.

P. ¿Cómo es la interlocución con el Gobierno central?

R. A partir de septiembre vamos a solicitar una reunión y plantear nuestras propuestas y pedir lealtad y colaboración. Esa interlocución es necesaria y la voluntad política es que se establezca en el ámbito estatal y con otras autonomías.

P. ¿Va a convocar a todas las asociaciones memorialistas?

R. Queremos que la ley se socialice, que haya un debate público. Nuestra intención es crear el Consejo de Memoria Democrática como órgano consultivo permanente de coordinación y participación de la Junta y de las asociaciones. Estará formado por dos representantes de cada provincia, historiadores de prestigio, juristas y colectivos vinculados a la memoria como minorías perseguidas. El decreto de este consejo queremos que salga antes de fin de año. Es muy importante.