La amenaza de la demolición judicial pende sobre 700 viviendas ilegales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente —que desde las pasadas elecciones tiene entre sus competencias la ordenación del territorio— tiene contabilizados unos 700 expedientes contra viviendas ilegales que en este momento se están tramitando en los tribunales. "Buena parte pueden ser causa de demolición", señala el departamento que dirige Luis Planas. "Desde que se interpone la denuncia hasta que existe sentencia firme de demolición pueden transcurrir una media de ocho o diez años", advierte esta consejería.

La Junta de Andalucía tiene registrados 43 casos de casas ilegales demolidas entre mediados de 2005 y mediados de 2012, que llegaron a los tribunales tras "la actividad inspectora" de los servicios autonómicos.

Estos 43 derribos son un pobre balance, sobre todo, si se compara con las 80.422 viviendas edificadas en suelo no urbanizable que la Junta dice haber identificado en los últimos cuatro años, 22.196 de ellas en zonas de especial protección. Uno de los motivos es la lentitud de los procesos y las reticencias de muchos órganos judiciales a la hora de ordenar las demoliciones. Sin embargo, la fiscalía también apunta a la falta de colaboración de las Administraciones a la hora de ejecutar las sentencias.

Patricia Navarro, fiscal especializada en Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, sostiene que en muchos de los casos en los que los jueces aprecian delito, al estar la vivienda en una zona no urbanizable, y dictaminan que las excavadoras deben actuar, los propietarios se declaran insolventes para hacer frente a la demolición. En ese momento, "la Junta y los Ayuntamientos deben actuar subsidiariamente", afirma Navarro. Y vuelve a generarse otro tapón en el proceso. "Hay sentencias de demolición paralizadas desde 2007", indica. "Muchos Ayuntamientos alegan insuficiencia presupuestaria", añade la fiscal.

Pero, según Navarro, en algunos casos hay otras razones que llevan a los Consistorios a "no querer mojarse". El fenómeno de las casas ilegales está muy arraigado en muchos municipios. Un ejemplo clarísimo es el de Chiclana (Cádiz), donde el PP gobierna en coalición con el denominado Partido Vecinal Regionalista, que prometió durante la campaña de las últimas municipales que regularizaría la situación de unas 15.000 viviendas ilegales de la localidad.

"Los Ayuntamientos no quieren ser los malos y tirar las casas", explica Navarro, quien, como su antecesor en la fiscalía gaditana especializada en urbanismo, Ángel Núñez, mantiene una batalla legal en la defensa del ordenamiento urbano.

La participación de la fiscalía en los procesos que abordan este tipo de conductas solo se da cuando van por la vía penal. Es decir, cuando la construcción de la casa se considera un delito, normalmente por levantarse en zona de suelo no urbanizable, protegido o no.

Navarro afirma que últimamente está notando más implicación de los jueces y magistrados. "Se nota un fuerte impulso", añade esta representante del Ministerio Público. Uno de los motivos, en opinión de esta fiscal especializa, es el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un derribo en El Puerto de Santa María (Cádiz). El propietario había sido condenado, entre otros asuntos, por un delito contra la ordenación del territorio, pero, como ocurre en muchos casos, la demolición no se había ejecutado. La Audiencia Provincial se opuso por considerarla "desproporcionada" ya que la casa estaba rodeada por otras similares. La fiscalía decidió recurrir y el Supremo le dio la razón y respalda el derribo como única forma de que no se consolide la ilegalidad cometida.

Navarro sostiene que es la primera vez que la sala de lo penal del Supremo se pronuncia sobre los derribos de casas ilegales. En su opinión, supone un respaldo a las tesis que ha venido defendiendo la fiscalía especializada en temas urbanísticos. Además, Navarro recuerda que el Ministerio de Justicia no ha admitido hasta ahora los indultos de viviendas edificadas en suelos no urbanizables.