El fiscal de Cádiz dice que los jueces locales frenan el control urbanístico
El fiscal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cádiz, Ángel Núñez, expresó ayer su "preocupación" por las "limitaciones" a las que se ve sometida la labor de su departamento, que "sistemáticamente" señala el derribo de construcciones ilegales en el litoral de Cádiz, sin que las solicitudes se puedan materializar porque "los tribunales locales no nos están dando la razón". Núñez explicó que "lamentablemente" el sistema judicial español "no nos permite que recurramos al Tribunal Supremo" donde, según el fiscal, "hay una mayor sensibilidad que en los niveles judiciales inferiores". El responsable concluyó que "la Fiscalía lo solicita una y otra vez y los tribunales, con carácter general, lo desestima".
El fiscal reconoció que, en Cádiz, "asistimos a un crecimiento desbordado de urbanizaciones ilegales" y advirtió que la situación es "preocupante" porque "los instrumentos jurídicos con los que tenemos que hacer frente a esa situación no están dando los resultados que eran de esperar".
Según Núñez, para reconducir la situación "es necesaria la participación de distintas instancias" y, en este sentido, denunció que "las corporaciones locales han hecho dejación de su responsabilidad durante mucho tiempo, quizá pensando más en intereses de financiación económica a corto plazo que en sus obligaciones de control urbanístico". Por otra parte, el responsable de la Fiscalía afirmó que "es esencial la sensibilidad política y social en relación con los problemas medioambientales provocados por el urbanismo". A este respecto, reconoció que "se ha avanzado mucho en la identificación de otros problemas medioambientales como los referidos a vertidos y depuración de aguas, pero no en el aspecto urbanístico".
