Madrid deja de penalizar la renuncia de los adjudicatarios de pisos protegidos

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) cambiará su reglamento para “dar una respuesta más ágil y sencilla a los solicitantes de vivienda”, ha explicado esta mañana la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de nuevo reglamento, en el que destaca la despenalización a los adjudicatarios que se ven obligados a renunciar a una vivienda protegida.

“La realidad social y económica actual”, en palabras de Botella, ha llevado al Ayuntamiento a eliminar la penalización, que consistía en prohibir la solicitud de otro piso durante cinco años. Deberán acreditar “circunstancias objetivas”, tales como el desempleo o el hecho de que la entidad financiera que concedió el préstamo para la promoción se niegue a subrogarles la hipoteca.

El adjudicatario que haya presentado renuncia podrá acceder “prácticamente de manera inmediata” a otros programas de la empresa municipal, precisa la nota informativa municipal. El nuevo procedimiento también prevé la desaparición de las convocatorias periódicas de oferta de viviendas. En su lugar, establece un sistema de selección de los adjudicatarios mediante la gestión continua, es decir, que todos los pisos disponibles lo estarán para todos los solicitantes, independientemente de la fecha en que se acabó la promoción y del momento de inscripción del interesado en el registro.

“Las circunstancias económicas nos han invitado a flexibilizar ese reglamento y quitar varios requisitos”, ha señalado la alcaldesa. Para acceder a los programas de alquiler para jóvenes y de alquiler con opción a compra para jóvenes, el procedimiento será el sorteo, ha anunciado. Habrá un baremo combinado para los programas de arrendamiento general, arrendamiento con opción a compra y venta.

El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que el Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto sacar a la venta promociones de vivienda protegida como ya ha hecho con algún edificio. Hace algo más de un año sacó a subasta cuatro promociones enteras en arrendamiento con las que pretendía obtener más de 60 millones de euros. La decisión provocó una rebelión vecinal y las críticas de la oposición.