La Generalitat usa Barcelona como banco ante la falta de liquidez

La caja vacía de la Generalitat de Cataluña tiene en la saludable cartera del Ayuntamiento de Barcelona una de sus fuentes de financiación más recurrentes. Ante la asfixia que sufre el Gobierno de Artur Mas, el alcalde Xavier Trias (CiU) no ha dudado en poner dinero allí donde la Administración autonómica no llega o en ser más permisivo a la hora de cobrar deudas pendientes. Así ha ocurrido cuando el Ayuntamiento ha prestado dinero a la Generalitat para la construcción de la escuela La Mediterrània, en la Barceloneta, o para dar ayudas a la quebrada aerolínea Spanair. La oposición, en especial PSC y PP, denuncia, además, que las condiciones en las que se devolverán esos créditos son demasiado inconcretas, por lo que estos podrían peligrar. En total, la Generalitat arrastra una deuda de 200 millones de euros, según explicó la segunda teniente de alcalde, Sònia Recasens, en el último pleno.

El grupo municipal del PSC calcula, de acuerdo con la Cuenta General del año pasado, que la morosidad del Gobierno de Mas con la ciudad llega al 88,7%. De los 100,3 millones correspondientes a las transferencias corrientes y de capital —recursos destinados a políticas como la ley de dependencia y las plazas de guardería municipal— aún quedan pendientes 89 millones. Los impagos son el 70% superiores a los de 2010. Entonces se pagaron 51,6 millones de los 108,3 millones pendientes ese año. El Ayuntamiento declinó desglosar la deuda que acumula.

Trias siempre ha asegurado que será exigente con la Generalitat y ha llegado a decir que llevaría los incumplimientos de Mas ante los tribunales. Este discurso lo combina con la necesidad “arrimar el hombro” para ayudar a solventar la “catástrofe financiera heredada del tripartito”. “Si estamos tan bien económicamente como dice [el exalcalde] Jordi Hereu, y ante la situación difícil que pasa la Generalitat, me dedicaré a ver cómo puedo ayudar yo como alcalde”, dijo Trias en plenas elecciones municipales, cuando comenzaba a sentirse el peso de los recortes. Barcelona planea invertir este mandato 1.900 millones de euros. Su deuda es de 1.090 millones, casi siete veces menos que el Ayuntamiento de Madrid.

Barcelona asume inversiones en nombre del Ejecutivo de Mas

El Plan de Actuación Municipal incluye la creación de un libro blanco sobre las relaciones entre ambas Administraciones. En la presentación de la aprobación inicial del texto, el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, aseguró que la Generalitat lleva incumpliendo convenios con el Ayuntamiento desde 2005 y que muchos “se firmaron sin tener recursos para sacarlos adelante”.

El grupo municipal del PP ejemplifica este caso con la construcción del Diseño Hub Barcelona (Dhub), en la plaza de las Glòries. Dos tercios del coste de su construcción, que se estima en más de 100 millones de euros, deberían ser asumidos por la Generalitat. “Aún no se ha recibido un euro y CiU, PSC, Iniciativa y UxP han dado el visto bueno a prorrogar la deuda hasta 2017, sin intereses. La ciudad pierde así nueve millones adicionales”, denuncia el concejal Xavier Mulleras (PP).

Barcelona también ha asumido el recorte en las becas comedor del curso pasado. Trias decidió destinar 2,3 millones de euros que cubrían el tijeretazo del Departamento de Enseñanza. La incógnita es qué ocurrirá este año, ya que la consejera Irene Rigau ha anunciado menos recursos.

El Gobierno duda de que pueda devolver a tiempo la cesión de las Diputaciones

El mayor problema, sin embargo, lo constituyen las inversiones que el Ayuntamiento asume en nombre de la Generalitat. El PSC y el PP critican que las condiciones en las que se devolverá ese dinero son difusas. Tal es el caso de la escuela La Mediterrània, en la Barceloneta. Trias adelantó los 4,6 millones de euros correspondientes al edificio. Aunque originalmente el convenio incluía tres pagos —el primero este año—, el texto aprobado los diluye. El Ayuntamiento no aclaró cómo se saldarán. Algo similar ocurre con los 25 millones que Barcelona prestó al Ejecutivo para inyectar a Spanair. En la última comisión de Economía, la teniente de alcalde Sònia Recacens explicó que serán devueltos con inversiones. El Consistorio tampoco aclaró ayer cuáles serán.

Barcelona es la principal damnificada por las deudas de la Generalitat con los municipios, pero no la única. El Gobierno catalán va atrasado en el pago del dinero que debe a los ayuntamientos por convenios o prestación de servicio: todavía le quedan 150 millones a abonar del dinero pendiente de 2011. A este importe falta añadir el montante que lleva acumulado en los primeros meses de 2012 y que los ayuntamientos deben costear hasta que la Generalitat planee como pagarlo.

Para no ahogar todavía más las maltrechas arcas de los pequeños municipios, el Ejecutivo echó mano de las diputaciones para pagar parte del dinero pendiente de 2011. En marzo, el gobierno autonómico y los provinciales firmaron un acuerdo para crear el Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local. La operación sirvió para saldar gran parte de la deuda contraída: a principios de enero de 2012, la cantidad que la Generalitat tenía pendiente de abonar ascendía a 753 millones, importe que se redujo a 550 millones por los pagos realizados los dos primeros meses del año.

El convenio se firmó por esa cantidad, 550 millones, de los cuales 218 los aportaban las diputaciones y el resto, la Generalitat. Los entes provinciales cumplieron puntualmente, y abonaron los 218 millones del crédito antes de acabar el mes de abril. La mayor parte lo inyectó la Diputación de Barcelona (168 millones, a los que sumó otros siete en un segundo crédito), mientras que el resto de provincias cedió entre 10 y 15 millones cada una.

El crédito sirvió para pagar a los pequeños y medianos municipios, ya que el plan fijaba que el máximo a pagar por ayuntamiento eran cinco millones, y se priorizó los consistorios con menos capacidad económica para afrontar sus apuros.

La Generalitat, sin embargo, incumplió parte de su convenio: aún hay 150 millones que deben pagarse. “Se ingresarán cuando haya liquidez”, resumió ayer un portavoz del Departamento de Gobernación. El acuerdo con las diputaciones estipula que el Gobierno catalán deberá devolver antes del 30 de noviembre el importe del crédito, con un interés de un punto por encima del Euríbor. La Generalitat duda de que pueda hacer frente a ese pago a tiempo. Con el erario bajo mínimos, todo dependerá de la liquidez con la que cuente. Y diciembre es el mes en el que más tensiones de tesorería se acumulan.