Educación no contempla “de momento” cobrar por las tarteras en los colegios

Andalucía no contempla "de momento" imponer una tasa a los alumnos que recurran a las tarteras para comer en los colegios, una medida que sí han tomado algunas comunidades como Cataluña o Valencia. "Tendrían que apretarnos mucho las tuercas desde el Gobierno del PP, como están intentando hacer, para que Andalucía tuviera que tomar una decisión semejante", ha dicho este jueves la consejera de Educación, Mar Moreno, durante una visita a las obras de ampliación del colegio público Guadalhorce de Álora (Málaga).

Es bastante improbable que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, por vía legal, obligue a tomar esta medida a todos los sistemas educativos del país. Pero las partidas económicas que reciben las comunidades —encargadas de gestionar la enseñanza— cada vez adelgazan más. Y las autonomías deben encontrar dónde recortar para mantener en pie el sistema, maltrecho por los recortes encadenados.

"De momento no contemplamos cobrar ninguna clase de tasa a las familias por el hecho de que los chiquillos se lleven la comida al colegio, sino todo lo contrario", ha dicho la consejera, informa Europa Press. "En Andalucía, hoy por hoy, estamos manteniendo una de las redes de comedores escolares más importantes de España", ha añadido. "Somos conscientes de que son las familias más humildes las que pasan más dificultades". La titular andaluza de Educación ha asegurado que las bonificaciones establecidas para la asistencia a los comedores escolares se está cumpliendo "un doble objetivo: educativo y social".

El servicio de comedor, al igual que el aula matinal, son actividades que, con el paso del tiempo, se han ido consolidando en los aledaños del sistema educativo. Pero las estrecheces presupuestarias también están afectando a estas prestaciones complementarias. La empresa Hispalis Educativa, que gestiona en Sevilla capital los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares de 21 centros, ha anunciado este jueves la suspensión de los contratos que mantiene con la Consejería de Educación para la prestación de estas actividades en el próximo curso escolar ante los "impagos" de la Administración autonómica. Según Hispalis Educativa, la consejería les adeuda desde febrero más de 81.000 euros y esta situación de "impago" les ha obligado a presentar el 1 de agosto la suspensión legal de los contratos que tenía con la Junta.