Madrid también quiere cobrar por la tartera de sus alumnos

Los tres hijos de Raúl Alonso y María Luisa López comen en su colegio, el República de Paraguay, al norte de Madrid. Las becas (de las que se beneficiaban 112.000 familias) cubrían hasta el pasado curso unos 30 euros al mes por niño, un tercio del coste del comedor. Para el curso que viene, aún no saben si tendrán ayudas. La Consejería de Educación ha recortado 26 millones de la partida para comedor y libros y anuncia un nuevo plan: permitir que los alumnos lleven tartera al colegio con la comida de casa. Madrid sigue los pasos de Cataluña o la Comunidad Valenciana y, como estas regiones, ha abierto la puerta a que las familias paguen también por mandar a los chavales con el tupper, en concepto de uso de instalaciones y de supervisión. Educación declina fijar una horquilla de precios, asegurando que deja en manos de los consejos escolares de cada centro la decisión.

Raúl Alonso, que trabaja mañana y tarde y no podría pagar a sus tres hijos los precios completos del servicio, asegura que prefiere recortar a la mitad su jornada de limpiador o la de su mujer en ayuda domiciliaria para llevarse a los niños a casa antes de pagar más por el servicio completo o por la tartera. Juntos ingresan 1.500 euros. “No sé quién dará las garantías de que esa comida se ofrece a los niños en las condiciones adecuadas ni cómo sabré que mi hijo se toma lo que yo le mando”, argumenta.

A un mes del inicio escolar, las dudas de este y otros padres no están resueltas. La medida afecta a los 791 centros públicos de Infantil y Primaria, con 324.000 alumnos, pero no a los concertados ni a los privados.

El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha asegurado este martes que serán los consejos escolares (los órganos de decisión de los centros) quienes determinen si las familias que llevan comida de casa tendrán que pagar. Cataluña cobrará hasta tres euros al día y la Comunidad Valenciana, 1,45. Los colegios madrileños aún no saben qué dinero recibirán para pagar el servicio de comedor (Educación no ha especificado qué parte de los 26 millones de recortes se aplican a estas ayudas) y no recibirán dinero extra para equipamientos, como microondas o frigoríficos.

“Si la Consejería de Educación recorta el dinero, los colegios no tendrán opción: el gasto repercutirá directamente sobre las familias”, señala Paco García, portavoz de CC OO. El borrador de la orden de comedores, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fija un desglose del servicio, sin entrar en detalle, para facilitarlo a los padres. Las familias sabrán lo que corresponde a alimentación, limpieza, transporte, personal, combustible o reposición de menaje “para que conozcan todos los costes del precio final”, según un portavoz de la consejería, que no facilitó esos porcentajes a este periódico. La previsión de Educación es aprobar esta orden en las próximas semanas. El borrador permite además que los centros atrasen el inicio del servicio de comedor a principio de curso o lo adelanten al final por “cuestiones estrictamente organizativas”, según el citado portavoz.

El texto, que ya ha recibido el visto bueno del Consejo Escolar de Madrid, señala que las familias con alumnos que necesiten menús especiales (a excepción de los reservados a los niños celiacos, protegidos por una normativa nacional) llevarán comida de casa y sus familias deberán abonar “el coste relativo a la utilización del comedor y a la atención educativa” sin especificar tampoco cuál es este coste y por qué se fija solo para este grupo.

CC OO, la Federación de Padres Giner de los Ríos y el PSM se han opuesto al uso de la tartera. En el voto particular presentado en el Consejo Escolar de Madrid, CC OO y la FAPA consideran que la nueva orden pretende “dar cobertura legal a un nuevo escenario, provocado por la supresión de las becas de comedor, que quedarán como excepcionales, y su sustitución por la tartera o el bocadillo, aportado por las familias”.

El consejo de directores de colegios públicos ya rechazó que se permitiera el uso generalizado de fiambreras en la reunión que mantuvieron el pasado julio con la consejera Lucía Figar. Alegaron motivos organizativos y de seguridad y salieron de la reunión convencidos de que no se aplicaría.

La directora de un colegio madrileño, que pide anonimato, señala las dificultades para almacenar estos alimentos y organizar los turnos de comedor (en algunos centros hay hasta tres distintos en función de las edades). Añade que los menús que ofrecen los colegios pasan controles de la Consejería de Sanidad y de las empresas de cáterin que los sirven. Aún no saben cómo se garantizará la salubridad de las comidas caseras.

“Una familia con tiempo y recursos puede perfectamente preparar una comida adecuada”, considera Lucrecia Suárez, experta en Nutrición de la Sociedad Española de Pediatría. “Pero estas medidas afectarán casi seguro a aquellas con menos dinero y tiempo para preparar la comida, por lo que les supondrá una carga añadida”.