Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La investigación del ‘caso Sant Pau’ se extiende a las donaciones al hospital

La institución ha acumulado más de 1.000 inmuebles en sus 600 años de existencia

Fachada del recinto histórico de Sant Pau
Fachada del recinto histórico de Sant Pau

Las investigaciones por el caso Sant Pau, el cúmulo de sobresueldos, adjudicaciones sin concurso y pagos irregulares que investiga el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, han alcanzado a las donaciones recibidas por el hospital en los últimos años. Los denunciantes, cuya cabeza visible es la radióloga Carme Pérez, han remitido al juez una ampliación de la denuncia que cuestiona la legalidad de algunas de estas donaciones y el destino que el hospital da a los rendimientos que obtiene de los bienes. Dos altos cargos del hospital, el exgerente Jordi Varela y el presidente del patronato, Alberto Folia, están imputados por malversación y un delito contra los trabajadores en una investigación aún en sus inicios.

El hospital de Sant Pau atesora un gran patrimonio formado por más de un millar de propiedades. La entidad, nacida en el seno de la Iglesia hace seis siglos, lo ha acumulado gracias a las donaciones recibidas en apoyo a su labor social. Desde 1991, sin embargo, el hospital de Sant Pau no es en realidad una sola entidad, sino tres. Ese año, la institución fue dividida en dos fundaciones. Una, conocida como la gestora, presta la asistencia médica. La otra, la privada o patrimonial, es la que gestiona el patrimonio. A ellas, en 1992 se sumó una tercera dedicada a la investigación.

Esta división pretendía proteger el patrimonio de la institución frente a un hipotético embargo derivado de los sucesivos déficitis acumulados por la actividad del hospital, financiada con fondos públicos. Pérez, sin embargo, denuncia que el resultado de la operación ha sido perverso: mientras que la fundación patrimonial acumula bienes y beneficios, el hospital se ve sometido a los sucesivos recortes que afectan a trabajadores y pacientes. “De esta forma, no no se cumplen los deseos de los donantes: ayudar con sus bienes al hospital para que atienda a los enfermos”, sostiene.

Que sea la fundación patrimonial, y no la gestora, la que se quede los inmuebles es algo que está establecido en los estatutos de ambas. En opinión de Pérez, sin embargo, esto puede vulnerar la normativa, ya que modifica la voluntad de quienes legan sus propiedades al “hospital de la Santa Creu i Sant Pau”. “Y la única fundación con apariencia de hospital”, añade, “es la que presta los servicios sanitarios y asistenciales: la de gestión”.

Sant Pau maniobró para recibir un piso de un enfermo mental

Un portavoz del hospital alega que la fundación patrimonial no tiene ánimo de lucro y que el dinero obtenido por los alquileres del patrimonio revierte, a través de donaciones, en las otras dos fundaciones. Las cuentas de 2010 de la fundación patrimonial confirman que ese año donó algo más de 12 millones de euros a la de gestión. Pérez, sin embargo, sostiene que “esta cantidad es un mero apunte contable”. “Los 12 millones es la valoración que la patrimonial hace de los inmuebles e instrumentales que cede a la de gestión. Pero todo ello ha sido financiado por la Generalitat mediante el concierto que tiene con Sant Pau, por lo que el grueso de los ingresos del patrimonio, y por tanto de las donaciones, sigue quedándose en la fundación patrimonial sin que revierta en beneficio del hospital ni de la asistencia que presta”, asegura Pérez.

En el escrito que la médico ha hecho llegar al juzgado se denuncia también la voluntad expresa de la Muy Ilustre Administración (MIA) —la histórica gestora del hospital, hoy encargada de gestionar la fundación patrimonial, cuya dirección consta de seis miembros: dos de la Iglesia, dos del Ayuntamiento de Barcelona y dos de la Generalitat— de ocultar información clave a los donantes o a sus representantes. “Nadie les informa de que sus bienes no irán en realidad al hospital, sino a una especie de inmobiliaria que dice actuar en su nombre”, afirma Pérez.

El hospital designó al paciente como su representante para acelerar el trámite

Esta alega que la MIA envía a sus representantes a los actos de donación como si lo fueran del “hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, una institución que formalmente no existe y que, por tanto, no puede recibir ninguna propiedad. Según la médico, esto revela la voluntad de engaño de los representantes de la patrimonial.

Pérez incluye en la denuncia un caso que ella considera “un escándalo notarial”. En 2009, la MIA aceptó una vivienda del paseo de Valldaura valorada en más de 190.000 euros. El donante era un paciente psiquiátrico atendido por el propio hospital en el programa de pisos asistidos.

El acto de otorgación de la vivienda lo llevó a cabo el notario Xavier Roca, buen conocedor del entramado institucional del hospital, ya que fue él quien dividió la institución en fundaciones e incluso había trabajado en varios actos de manifestación y aceptación de herencias por parte de Sant Pau.

Para acelerar el trámite —el paciente estaba gravemente enfermo—, el hospital concedió al donante la figura legal de mandatario verbal del hospital. Es decir, fue a la vez designado representante del hospital para recibir la donación. La ley establece que estos actos jurídicos no son válidos hasta que se ha formalizado la donación y la aceptación del bien. El Colegio de Notarios de Cataluña advierte de que para donar una propiedad las dos partes deben ser conscientes del acto que realizan y de que, en caso de duda, se debe pedir un informe psiquiátrico.

Roca explica que el hospital le comunicó que el donante era consciente de sus actos: “Yo lo vi distraído, ausente, pero hablaba con coherencia. Creo que estaba capacitado”. María Jesús Abadia, psicóloga que atendió al donante, afirma que este “no podía trabajar y tenía problemas para relacionarse porque padecía una patología psiquiátrica, pero era consciente de sus actos”. El enfermo murió cuatro meses después de donar su piso.

Pérez denuncia que, con “ánimo de lucro y prevaliéndose de una relación de dependencia personal”, la patrimonial “maniobró e indujo a error suficiente al afectado para beneficio propio”. En este caso, según la médico, es necesaria la cooperación del notario para que se realice la donación.