PNV y Bildu permiten que Álava envíe sus datos a Hacienda para el copago

En plena incertidumbre sobre qué ocurrirá finalmente entre la ciudadanía con el copago farmacéutico, ahora que el Tribunal Constitucional ha paralizado el decreto vasco que anulaba sus efectos en Euskadi, las Juntas Generales de Álava dieron ayer carpetazo ayer al aspecto previo, el imprescindible, para aplicar esta medida: la cesión de datos al Gobierno central. El Legislativo provincial, que reunió a su Diputación permanente, aprobó, gracias a la abstención de PNV y Bildu, el traslado de los datos de Renta de los alaveses, después de que hace más de un mes esta misma institución no diese a la Diputación la autorización pertinente para el cruce de datos.

El único grupo que cambió el sentido ayer su voto respecto al debate anterior fue Bildu, que en junio sumó su voto en contra al de PSE y EB, lo que dejó solo al PP a favor de la cesión de datos, con la insuficiente abstención del PNV.

El cambio del sentido de voto de la coalición abertzale fue explicado por sus portavoces por el riesgo de que 34.000 personas se queden sin cobertura sanitaria o tengan que pagar el tramo máximo de copago pese a que algunos están en colectivos que debieran pagar menos porque sencillamente no se dispone de su información. Y es que, pese al rechazo de las Juntas del pasado junio a convalidar el decreto foral de cesión de datos, el equipo de Javier de Andrés ya había enviado de manera previa buena parte de la información al Gobierno central. No toda, ya que faltaba la de estos colectivos, según un informe presentado por la Diputación.

Pese al resultado de la votación, toda la oposición censuró el “chantaje” del PP para lograr la autorización de las Juntas. En un comunicado, la portavoz del PSE, Cristina González, afeó a PNV y Bildu que cediesen y reiteró que, por contra, los socialistas habían mantenido el sentido de su voto porque el copago es “ineficaz e irrelevante para frenar el aumento de la prima de riesgo, y que sólo ha servido hasta ahora para generar incertidumbre entre los usuarios y una clasificación de los enfermos en función de la renta”.