“He venido a informaros, no a debatir”

En un contexto de problemas generales y siendo tantas, tan graves y urgentes las dificultades a las que en particular debe enfrentarse la Consejería de Educación, no se entienden muy bien algunos cambios que se nos imponen, ni las formas hostiles de imponerlos. Nuestro sistema educativo precisa lucidez en su gestión y sosiego en su desarrollo cotidiano. Expliquémoslo brevemente.

El programa (el modelo de programa) de Historia de la Filosofía que se trabaja en 2º de Bachillerato, y del que se examinan los alumnos en las pruebas de acceso a la Universitat, tiene una vigencia de unos 23 años. Ha sido un modelo democráticamente consensuado y aprobado por los profesores de Filosofía de Castellón, Valencia y Alicante y no ha sufrido otras modificaciones que las necesarias para introducir nuevos textos y autores o para alcanzar mejor sus objetivos (alguna modificación en la prueba, piedra de toque del modelo). Salvo los debates inevitables y saludables y las críticas puntuales imprescindibles, ha sido un modelo refrendado en todas las reuniones celebradas por los profesionales a lo largo de todos estos años: una cierta pax valenciana reinaba como un “medio” en favor de los “fines”: la lectura crítica de los clásicos, la disertación rigurosa sobre los temas, la actualización de las propuestas.

Todo cambió cuando el profesor A. Gil, el funcionario / profesor coordinador de las PAU, entró en la tienda de cerámicas (la reunión de profesores convocada este año como a una boda griega: para romper platos). El profesor Gil vino a decirnos dos cosas: que vivíamos en un estado de ilegalidad que ya duraba 23 años y del que, en segundo lugar, él nos conminaba a salir “sí o sí”, como se dice ahora en un alarde de positividad negativa. El pecado nefando consistía en un “exceso de opcionalidad”, que de hecho no es tal (los alumnos de filosofía eligen, como todos los alumnos en todas las asignaturas que forman las PAU, entre dos opciones) y el remedio nos lo imponía de forma hostil: cambio de prueba (“he venido a informaros, no a debatir”, dijo). Ante la oposición democrática e inútil de las asambleas de profesores de Castellón, Valencia y Alicante, el señor Gil, que también es un demócrata, nos permite vivir en la ilegalidad hasta 2015. Ni un día más.

Lo que el funcionario no quiere entender es que su “interpretación de la ley” echa por tierra un proyecto pedagógico que es legal y legítimo: legal, porque nosotros interpretamos que se ajusta a la ley en su letra y espíritu; legítimo, porque es fruto de una voluntad general libre y racionalmente expresada, la del conjunto de los profesores de la asignatura.

¿Qué queremos? Muy sencillo: que cuando despertemos de esta pesadilla, un individuo no pueda torcer la voluntad de tantos. ¿Qué queremos? Parece simple, pero algunos nos lo ponen complicado: seguir trabajando en paz, sin otros moscardones que los socráticos. Eso es lo que precisamos. Nos preocupa una pregunta: ¿Cómo un tema tan importante puede haber recibido un tratamiento tan circunstancial? Estos son los temas que deberían acaparar la atención de quienes regulan y dirigen el sistema educativo; algunos pensamos que un cambio de programa, un cambio en el modo de hacer la clase, es lo que debería de preocupar a la señora consejera. Rectificar en este caso sería una muestra de sabiduría.

Guillermo Quintás es catedrático de Filosofía de la Universitat de València. Firman también este escrito 130 profesores de Filosofía de las universidades, institutos y colegios de la Comunidad Valenciana.