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Las reclamaciones sanitarias se triplican en solo un año en Madrid

El 64% de dictámenes del Consejo Consultivo corresponden a demandas sanitarias

El organismo alerta de “demoras excesivas” en su tramitación

Una reclamación por “la deficiente asistencia sanitaria prestada tras la fractura pertrocantérea del fémur izquierda que precisó intervención”, otra por los “daños y perjuicios ocasionados por la supuesta negativa de asistencia sanitaria en el Servicio de urgencias del Hospital La Paz de Madrid”, una más por “el retraso en el diagnóstico de cáncer de vejiga que padecía” el demandante, también por “la defectuosa asistencia sanitaria dispensada por los centros de especialidades [...] que tuvo como consecuencia el fallecimiento anteparto del hijo que esperaba”. Y así hasta 460 dictámenes sobre reclamaciones patrimoniales por actuaciones sanitarias. La memoria 2011 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid refleja que el número “ha crecido muy por encima de todos los demás”. Las reclamaciones sanitarias suponen el 64% del total.

En concreto, las demandas sanitarias de ciudadanos que estudió este órgano consultivo —a petición de la Consejería de Sanidad— triplicaron las del año anterior, cuando únicamente se emitieron 153 dictámenes (143 en 2009), por debajo de la siguiente materia objeto de reclamaciones patrimoniales, el ámbito vial. El crecimiento de los informes sobre supuestos errores sanitarios tiene dos explicaciones, según la memoria: “un aumento del número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos”, pero también “un crecimiento del número de expedientes que están poniéndose al día”. La Consejería de Sanidad, de hecho, apunta a esta segunda explicación.

El consejo acusa a “colectivos profesionales especializados en este tipo de procesos” de instigar “auténticos supuestos de abuso de derecho”

De acuerdo con la memoria, que cita como fuente de información a la Consejería, se “está realizando un gran esfuerzo de actualización y acortamiento de los plazos de duración de la tramitación de este tipo de expedientes, absorbiendo los retrasos existentes”. El Consejo Consultivo señala que “se observaban demoras excesivas en la tramitación de estos asuntos”, celebra “el esfuerzo”, pero también recuerda que la Administración no está respondiendo a los ciudadanos en los plazos legales (real decreto 429/1993).

Fuente: Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

La presidenta, Esperanza Aguirre, anunció la creación del Consejo Consultivo tras ganar las elecciones en mayo de 2007. Hasta entonces el papel de órgano asesor lo desarrollaba el Consejo de Estado y la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. “Pero el grandísimo número de competencias asumidas por la Comunidad de Madrid [...] ha incrementado espectacularmente la actividad de nuestra Administración. Por eso, creemos que ha llegado el momento de que Madrid cree un órgano consultivo propio como lo han hecho ya casi todas las demás comunidades autónomas”, afirmó. El presupuesto de 2012 le destina cinco millones de euros, cuatro de ellos para gastos de personal (2,3 millones en sueldos de funcionarios y 1,1 en sueldos de altos cargos). Los asuntos sobre los que dictamina no pueden ser sometidos a informe posterior de otro órgano de la Comunidad. Sus nueve consejeros los designa el Gobierno regional y cobran como el titular de una consejería.

La memoria dedica un apartado a señalar el “uso abusivo” de las demandas de responsabilidad patrimonial “en búsqueda de un lucro o enriquecimiento injustos”. Y acusa, aunque sin nombrarlos directamente, a “colectivos profesionales especializados en este tipo de procesos” de estar instigando “auténticos supuestos de abuso de derecho”. En el ámbito sanitario, señala el texto, “no es difícil llevar al ánimo del paciente o de sus familiares la idea de que existe una causa de reclamación susceptible de un resarcimiento económico”.

El Consejo Consultivo solo estimó el 10% de las 460 reclamaciones sanitarias que estudió, un 2,4% menos que el año anterior. También redujo las cantidades indemnizadas, ya que ordenó a la Administración pagar 831.000 euros en 46 dictámenes, mientras en 2010 fueron 964.000 euros para 19 dictámenes.

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