PNV y EA piden la dimisión de Cinto y Mendia tras el archivo de la Fiscalía
Ortuzar acusa al Gobierno de intentar cuestionar la labor del Ejecutivo anterior
Anhelaban el archivo de un caso que había dañado su imagen y ayer se despacharon a gusto. Las irregularidades detectadas entre 2000 y 2009 apuntaban de forma directa hacia los Gobiernos del peneuvista Juan José Ibarretxe, cuyas consejerías de Justicia estuvieron siempre en manos de EA. Ambos partidos aprovecharon la resolución del fiscal, Juan Calparsoro, para evidenciar su correcta gestión y exigir responsabilidades políticas que incluso elevaron hasta la dimisión de las actuales consejeras y viceconsejera de Justicia, Idoia Mendia y María Victoria Cinto respectivamente.
Cronología de los hechos
Febrero. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, anuncia la detección de irregularidades en varios contratos firmados entre 2000 y 2009, durante los Gobiernos del PNV, para la informatización de juzgados. Asegura que el fraude podría alcanzar los 23 millones de euros y avanza la remisión de las anomalías a la Fiscalía para su investigación. El máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi, Juan Calparsoro, asume el caso e inicia la toma de declaraciones.
Marzo. El presidente de Ibermática, José Luis Larrea, abandona el consejo asesor del lehendakari para asuntos económicos. Calparsoro juzga "grave" la posible existencia de pagos en la Administración por trabajos no realizados.
Julio. Tras casi seis meses de pesquisas y testimonios, la investigación de Calparsoro entre en su recta final. Varios informáticos contratados como investigadores externos por el Gobierno vasco ratifican unas irregularidades que los demás implicados niegan. La viceconsejera Cinto cierra el ciclo de declaraciones con una intervención de más de siete horas. Tras un fin de semana de reflexión definitiva, el fiscal superior opta por archivar el caso y no remitirlo al juzgado, ante la inexistencia de hechos constitutivos de de delito.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, recriminó la “gravedad, solemnidad y bombo” con la que la propia Mendia anunció en febrero un supuesto fraude que se ha quedado en “agua de borrajas”. “La posibilidad de que haya existido alguna responsabilidad mercantil no guarda proporción con cómo se hizo aquello”, consideró el dirigente nacionalista, quien acusó a la consejera de “ensañarse” con las empresas adjudicatarias, poniendo incluso “en riesgo” su reputación. Así, exigió responsabilidades por los daños causados a Ibermática e Indra, así como al Gobierno anterior.
En declaraciones a Europa Press, Ortuzar advirtió de que “alguien tiene que asumir el gran fiasco” que ha supuesto el archivo de las investigaciones. “Un Gobierno tiene que ser muy cuidadoso y extremadamente diligente a la hora de establecer este tipo de acusaciones, máxime cuando lo que se está intentando poner en cuestión es la labor del Ejecutivo anterior”, criticó el líder territorial del PNV, quien situó a Mendia y Cinto como “quienes han capitaneado” el asunto, por lo que exigió su inmediata dimisión. “Si no lo hacen ellas, será el lehendakari quien tendrá que tomar cartas en el asunto”, avisó.
También EA consideró oportuno salir ayer a la palestra para defenderse de las acusaciones recibidas en los últimos meses. Su único parlamentario, Juanjo Agirrezabala, calificó de “actuación irresponsable” la de la actual consejería, a la que acusó de “un daño irreparable a las personas y empresas que implicaron en su denuncia pública, que ahora se ha venido abajo”. “Una consejera de Justicia que imputa públicamente delitos tan graves, queda automáticamente inhabilitada para el cargo si su denuncia no obtiene un mínimo respaldo en los juzgados”, reprochó en una nota.
Agirrezabala opina que “el daño ya está hecho y es irreparable”
Consciente de la relevancia que el archivo de la investigación puede tener para la imagen del Gobierno, a escasos meses de las autonómicas, Agirrezabala extendió su petición de dimisión a Cinto, como responsable última del informe sobre las irregularidades. “Ellas son las grandes culpables, señaló, no sin añadir que el “el daño ya está hecho y es irreparable”. El parlamentario de EA manifestó que “lo ocurrido es una muestra más de la ligereza con la que actúa el Gobierno de Patxi López”, a quien emplazó a intervenir si no quiere ser “cómplice directo de una actuación imprudente” y planificada para “desviar la atención”.
