PNV y EA piden la dimisión de Cinto y Mendia tras el archivo de la Fiscalía

Anhelaban el archivo de un caso que había dañado su imagen y ayer se despacharon a gusto. Las irregularidades detectadas entre 2000 y 2009 apuntaban de forma directa hacia los Gobiernos del peneuvista Juan José Ibarretxe, cuyas consejerías de Justicia estuvieron siempre en manos de EA. Ambos partidos aprovecharon la resolución del fiscal, Juan Calparsoro, para evidenciar su correcta gestión y exigir responsabilidades políticas que incluso elevaron hasta la dimisión de las actuales consejeras y viceconsejera de Justicia, Idoia Mendia y María Victoria Cinto respectivamente.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, recriminó la “gravedad, solemnidad y bombo” con la que la propia Mendia anunció en febrero un supuesto fraude que se ha quedado en “agua de borrajas”. “La posibilidad de que haya existido alguna responsabilidad mercantil no guarda proporción con cómo se hizo aquello”, consideró el dirigente nacionalista, quien acusó a la consejera de “ensañarse” con las empresas adjudicatarias, poniendo incluso “en riesgo” su reputación. Así, exigió responsabilidades por los daños causados a Ibermática e Indra, así como al Gobierno anterior.

En declaraciones a Europa Press, Ortuzar advirtió de que “alguien tiene que asumir el gran fiasco” que ha supuesto el archivo de las investigaciones. “Un Gobierno tiene que ser muy cuidadoso y extremadamente diligente a la hora de establecer este tipo de acusaciones, máxime cuando lo que se está intentando poner en cuestión es la labor del Ejecutivo anterior”, criticó el líder territorial del PNV, quien situó a Mendia y Cinto como “quienes han capitaneado” el asunto, por lo que exigió su inmediata dimisión. “Si no lo hacen ellas, será el lehendakari quien tendrá que tomar cartas en el asunto”, avisó.

También EA consideró oportuno salir ayer a la palestra para defenderse de las acusaciones recibidas en los últimos meses. Su único parlamentario, Juanjo Agirrezabala, calificó de “actuación irresponsable” la de la actual consejería, a la que acusó de “un daño irreparable a las personas y empresas que implicaron en su denuncia pública, que ahora se ha venido abajo”. “Una consejera de Justicia que imputa públicamente delitos tan graves, queda automáticamente inhabilitada para el cargo si su denuncia no obtiene un mínimo respaldo en los juzgados”, reprochó en una nota.

Agirrezabala opina que “el daño ya está hecho y es irreparable”

Consciente de la relevancia que el archivo de la investigación puede tener para la imagen del Gobierno, a escasos meses de las autonómicas, Agirrezabala extendió su petición de dimisión a Cinto, como responsable última del informe sobre las irregularidades. “Ellas son las grandes culpables, señaló, no sin añadir que el “el daño ya está hecho y es irreparable”. El parlamentario de EA manifestó que “lo ocurrido es una muestra más de la ligereza con la que actúa el Gobierno de Patxi López”, a quien emplazó a intervenir si no quiere ser “cómplice directo de una actuación imprudente” y planificada para “desviar la atención”.