El juez garantiza una sentencia “justa” para el ‘caso Malaya’

El juicio por el caso Malaya, la mayor trama de corrupción política destapada en España, quedó este lunes vista para sentencia tras celebrar 199 sesiones que han ocupado más de 800 horas en casi dos años —la vista oral comenzó el 27 de septiembre de 2010— y con la promesa del presidente del tribunal, José Godino, de que se dictará una resolución “justa, sin necesidad de ningún otro calificativo”.

El presidente del juicio más largo y complejo de los celebrados nunca en la Audiencia de Málaga estimó que la sentencia se emitirá en un plazo de entre seis y ocho meses, dada las numerosas pruebas y testimonios que hay que analizar, y el elevado número de procesados. Y garantizó “absoluta independencia e imparcialidad”.

Las advertencias de Godino antes de dar el martillazo de cierre de la vista sucedieron a las protestas por el procedimiento que desde la primera sesión y hasta última hora han aducido las partes.

Los 17 de los 86 procesados que hicieron este lunes uso de su derecho a la última palabra aprovecharon para reivindicar su inocencia y quejarse una vez más de la instrucción realizada por el juez Miguel Ángel Torres y del alcance de este proceso para el que el fiscal Juan Carlos Álvarez Caballero ha pedido una sentencia “ejemplarizante”.

De los 95 procesados que se sentaron en el banquillo, el fiscal ha levantado la acusación para nueve de ellos. A los 86 restantes les solicita penas que suman 497 años de cárcel y 3.800 millones de euros en multas.

Juan Antonio Roca, considerado por la acusación el cerebro de la trama corrupta creada en el Ayuntamiento de Marbella durante los años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) se enfrenta a una petición de más de 30 años, lo que lamentó le mantendría encerrado lo que le queda de vida, y es más a los condenados por delito de sangre.

El principal acusado, el ex gerente de la empresa municipal de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, invitó en su alegato final a una reflexión sobre si este tipo de delitos debe estar sancionados con penas mayores que los crímenes de sangre. Lo hizo indirectamente, con el golpe de efecto del relato de una anécdota que aseguró le ocurrió en la prisión de Albolote en mayo de 2010 durante la cena del día que se conoció que el fiscal le pedía 30 años de prisión, cuando un recluso con el que compartía mesa le preguntó que qué había hecho para que le solicitaran más años de cárcel que a él.

Roca lamenta el daño causado a Marbella

“El recluso que me hizo esa pregunta fue Santiago del Valle, que varios meses después fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de la niña Mariluz Cortés”, dijo Roca.

El considerado cerebro de la trama corrupta en el Ayuntamiento de Marbella, a quienes los investigadores identifican como el auténtico alcalde en la sombra, recordó que va a pasar su séptimo verano en prisión —fue detenido en marzo de 2006— y que si se le impone la condena que pide el fiscal, pasará ella el resto de su vida.

Los empresarios acusados de haber pagado comisiones a Roca para obtener resoluciones municipales favorables a sus intereses inmobiliarios en Marbella, no se limitaron a reivindicar su inocencia, sino que lamentaron el sufrimiento padecido. Entre todos ellos resultó impactante la intervención del empresario malagueño Cristóbal Peñarroya, que dijo entre sollozos que no perdonará ni al juez instructor ni al fiscal por haber visto a su mujer “llorar 100 veces”.

Los empresarios acusados se quejan entre sollozos de quedar señalados

El promotor cordobés Rafael Gómez, Sandokán, lamentó haber quedado “señalado para siempre” y dijo que su imputación en este caso le ha causado “daños irreparables” en sus empresas, de los que resaltó como “el peor de todos dejar a casi 10.000 familias sin trabajo”.

El empresario granadino José Ávila Rojas, el promotor que más viviendas levantó en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal y que fue además socio de Roca en algunos negocios inmobiliarios, dijo que el caso Malaya fue “el comienzo de la crisis en España” porque “abrió la veda” para que los bancos cerraran el grifo de la financiación “a la profesión más dinámica que existía”.

Los ex primeros tenientes de alcalde procesados también aprovecharon para insistir en su inocencia. Julián Muñoz recalcó que nunca recibió dinero de Roca y que dio licencias “que los técnicos decían que había que dar”.

Isabel García Marcos, la concejal que durante años fue azote de Jesús Gil y que acabó aliada con él cuando ya no era alcalde en la moción de censura que depuso a Julián Muñoz, mostró su confianza en una sentencia absolutoria que le devuelva su fe en la justicia.

Y Pedro Román, para quien el fiscal pide 21 años, emplazó al tribunal a dictar una sentencia guiándose por la ley y “no se tenga en cuenta que me llamo Pedro Román y que estuve hace años al lado de Jesús Gil”. “Prefiero entrar 1.000 veces más en prisión a que un solo ciudadano piense que cogí un solo euro del Ayuntamiento”, proclamó el que fuera brazo derecho de Gil cuando ganó la alcaldía en 1991.

Con la vista del caso Malaya, en el que se piden penas que suman 497 años de cárcel y 3.500 millones de multa para los 86 de los 95 procesados inicialmente no se acaba el proceso contra la corrupción en Marbella. Aun quedan pendientes medio centenar de procedimientos desgajados en su día del sumario principal, como el caso en el que están acusados por blanqueo de capitales el ex alcalde Julián Muñoz, su ex esposa Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja, cuyo juicio se reanudará en septiembre tras celebrar la primera sesión hace un mes.

En su alegato final, Roca, además de quejas, lamentó que “el nombre de Marbella se ha visto asociado en los últimos años inexorable y negativamente a esta causa”. Pidió disculpas por haber sido “más vehemente de lo que debía haber sido” en algunos de los interrogatorios, y agradeció el trato “tan extraordinario y exquisito recibido del tribunal y de los funcionarios judiciales. “He podido ver y experimentar en este tiempo el lado más humano de la justicia”, dijo.

El caso Malaya es la trama de corrupción política de mayor calado destapada hasta ahora en España y tuvo como consecuencia la medida excepcional de la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006. La investigación puso al descubierto una trama de pago de comisiones a cambio de resoluciones favorables en el ámbito urbanístico, y como Roca manejaba las decisiones, incluso con entrega de dinero a los ediles tras la moción de censura que llevó a la alcaldía a Marisol Yagüe.