Intervenidos

Este curso político más o menos agonizante que no acaba de terminar y que sin duda se prolongará con nuevos sobresaltos durante el mes de agosto sí parece, en cambio, liquidado respecto de la comatosa actividad política valenciana. Salvo catástrofe natural que se lo impida, los mandaos de Madrid que gobiernan la supuesta Comunidad Autónoma Valenciana se aprestan a retirarse a descansar durante unas semanas con la satisfacción de haber proporcionado, como fin de fiesta, una charlotada más de las suyas de esas que ridiculizan y degradan el autogobierno: la petición de ayuda y liquidez, pero no de intervención, según ellos (o lo que sea) que dicen que han hecho (o no, no se sabe) a la Hacienda del Reino para afrontar ciertos pagos.

El País Valenciano tiene un histórico déficit de financiación que se puede medir de muchas maneras. La más significativa es que aquí, si el Estado diera el mismo dinero por habitante para Sanidad y Educación que el que recibe de media el resto de habitantes del Reino, tendríamos cada año entre 1.500 y 2.000 millones de euros más para gestionar nuestros servicios públicos. Como este dinero siempre falta, la Generalitat ha recurrido históricamente a endeudarse para cubrir la diferencia (y de paso para pagarse algunos chuches adicionales). La espiral ha acabado como era de prever, con un catacrak de proporciones épicas que la crisis de deuda ha acabado de catalizar. Además, la simpática reforma constitucional hecha en 10 días de agosto de 2011 sin debate y con mucho confeti para compensar, como ya avanzamos en esta columna, liquida las posibilidades de que esa diferencia se cubra con deuda. ¿Cuál es el resultado? Pues que hay que recortar, salvajemente, en estos servicios mientras no se cubra el déficit de financiación. Ya lo estamos viendo y más que lo veremos. Lamentablemente, ni siquiera así se puede cuadrar el presupuesto y como el mercado de deuda está cerrado y legalmente vedado, ¿quién queda? Pues el Estado. La Hacienda del Reino al rescate.

El mecanismo de ayuda, vendido como una cosa técnica sin importancia por el Consell con esa mezcla de ignorancia, incapacidad para comprender lo que está pasando y desvergüenza marca de la casa, establece en el Real Decreto-Ley 21/2012 un amplio abanico de consecuencias: control de las cuentas de la Generalitat, supervisión absoluta de sus gastos, petición de autorización para gastar… e incluso cosas como que el Reino de España puede reservarse el dinero correspondiente a la Generalitat para ir pagando deuda. Algo que abarca no solo a la ayuda extra sino también a las transferencias ordinarias. Vamos, poca cosa, como puede verse. Estas medidas de liquidación de la autonomía, además, una vez puestas en marcha, durarán, según dice el propio Rel Decreto-Ley, hasta que la Hacienda del Reino lo entienda pertinente.

La intervención, digan lo que digan desde el Consell, significa lo que significa. Para mayor escarnio político, este dogal, que a saber si desaparece algún día, es la contraprestación que se exige a cambio de una parte del dinero que desde la Comunidad Valenciana, con un PIB per cápita a la media española, se aporta anualmente en concepto de glòries a Espanya. Nos rescatan con (parte de) nuestro dinero. Y se lo cobran con una liquidación de la autonomía valenciana. Pues nada, a seguir pagando.

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