La Fiscalía recurre el archivo del delito de cohecho de Carlos Fabra
El ministerio público alega la vulneración del derecho a la tutela judicial e infracción de ley
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha presentado ante la Sala Segunda un recurso de casación contra el auto dictado por la Audiencia Provincial de Castellón en el caso Fabra en el que se decretaba el sobreseimiento del delito de cohecho que se le había imputado al expresidente de la Diputación Carlos Fabra, según ha informado en un comunicado el organismo, que explica que el recurso se presenta por dos motivos: la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e infracción de ley.
Respecto a la primera cuestión, la Fiscalía entiende que la Audiencia Provincial acordó una nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral elevado por el juzgado de instrucción, decretando el sobreseimiento respecto del delito de cohecho, una situación procesal que, a juicio del ministerio público, "genera indefensión, puesto que se adoptó sin dar audiencia ni al fiscal ni al resto de las partes".
Además, el fiscal plantea recurso por infracción de ley, ya que considera que los hechos que se describen en el auto de apertura de juicio oral son "constitutivos del delito de cohecho, y no de tráfico de influencias, como lo califica la Audiencia Provincial en un auto anterior".
El pasado 24 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que anunciaba su intención de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón ahora efectivamente recurrida.
La decisión de la Audiencia castellonense ahora recurrida se fundamentaba en que el cohecho exige que la actuación pretendida de la autoridad o funcionario público y ofrecida por éste sea "en el ejercicio de su cargo".
Al respecto, defendía que el hecho de que "alguien, abusando de su cargo y fuera de las competencias del mismo, vaya constantemente investido de tal y lo pueda utilizar para alcanzar contactos que de otra manera no podría conseguir como privado, sería tráfico de influencias, pero no cohecho".
La fiscalía considera que Carlos Fabra utilizó supuestamente su cargo como presidente de la Diputación para mediar ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de tratar de agilizar la fabricación de productos sanitarios reclamada por un, entonces, amigo
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