Un juez ve indicios de delito en el agujero de la patronal hallado en 2000

Doce años después de que estallase el escándalo, un juez ha decidido resucitar el caso que en el año 2000 impactó a la aristocracia económica gallega. El juzgado de Primera Instancia número 1 de Santiago ha dictado un auto en el que aprecia indicios de delito en la gestión de los fondos de formación que realizaba la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), bajo la dirección de Antonio Ramilo, fallecido en 2006. El auto hace referencia al exsecretario de la CEG, Rafael Sánchez Sostres, y a responsables de cuatro consultoras de formación que ya no tienen actividad.

En los próximos meses se llevará a cabo la vista oral del caso que en su día puso en conocimiento de la fiscalía la propia patronal, aunque sin presentar denuncia contra ninguno de los directivos. Fue en febrero, hace doce años, cuando una auditoría destapó graves irregularidades contables que forzaron el cese del entonces secretario, que llevaba la gestión económica y de la contabilidad. Faltaban cerca de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros): casi la mitad correspondían a una sobrevaloración que realizó la Confederación sobre el edificio de su propia sede, 1,2 millones de euros eran deudas incobrables y el resto simplemente se habían esfumado junto con numerosa documentación que nunca se recuperó.

Hasta ese ejercicio, directivos de la patronal gallega, formada por empresarios de las cuatro provincias, aseguraban que Ramilo presentaba anualmente a la asamblea un balance que incluía beneficios y aprobaban un presupuesto que rondaba los 600.000 euros. Un año antes de la crisis la CEG no había podido cerrar su año contable argumentando un fallo en el sistema informático. Desde 1996 había recibido 19,2 millones de euros de la Xunta de Galicia para formación de parados junto con otros 480.000 euros (de entonces) que ingresaba cada año del Forcem. El empresario José Manuel Lorenzo, a través de las firmas Euroges 97 (dejó de tener actividad en 2002) y Estudio Global Gestión (dedicada a la actividad inmobiliaria, y cuyo último balance consta en el 2003), se encargaba de llevar a cabo la mayoría de los cursillos.

Acorralado por los presidentes de las cuatro federaciones provinciales, Ramilo, histórico dirigente empresarial, que fue alcalde de Vigo durante la dictadura franquista, culpó de todo al secretario, quien a su vez aseguró que le había informado del agujero y propuso un plan de viabilidad al que Ramilo se habría opuesto. “Aquello causó un daño enorme en imagen a la CEG”, analizan desde el organismo. El actual presidente, que en el último mandato de Ramilo había entrado a formar parte de su junta directiva, dispuso un plan de pagos de la deuda generada por aquel episodio y ordenó enviar cada año las cuentas al Registro Mercantil como gesto de transparencia. Hasta el 2015, la patronal gallega no pagará los 10 millones de euros en préstamos (con sus intereses) que generó aquel desfalco. La decisión de la patronal de lavar en casa los trapos sucios provocó que nadie pidiese responsabilidades (civiles y penales), que ahora podrían esclarecerse con la investigación. Antonio Fontenla dijo ayer, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el inicio de la causa en el último año de su mandato le causa “satisfacción”, y recordó que con su gestión la patronal “recuperó el papel como referente de las relaciones sociolaborales de la comunidad”.

La patronal tiene fondos propios negativos por valor de un millón de euros y dos embargos a favor del Estado y de Hacienda, unas garantías acordadas con la Administración central que permiten a la Confederación fraccionar las devoluciones. Ya no imparte formación.