Última palabra de la viceconsejera

Las declaraciones sobre el supuesto fraude informático en el departamento de Justicia concluyen definitivamente hoy. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, tomará declaración a la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto y a otros dos altos cargos de este departamento, una semana después de lo previsto ya que la anterior comparecencia fue aplazada por problemas de agenda. A la comparecencia acudirán el director para la Modernización de la Justicia, Jesús García Aréjula y la directora de Justicia, Marta Higueras para cerrar los trámites antes de la resolución final, que se espera para la mañana del próximo lunes. La comparecencia de la cúpula del departamento de Justicia se produce de común acuerdo y así se cierra la fase testifical.

Junto a María Victoria Cinto, acuden a declarar otras dos personas clave. Los dos tienen vínculos con la etapa de los hechos investigados. La directora de Justicia, Marta Higueras, porque ya trabajaba sin cargo en el departamento y el director para la Modernización de la Justicia, Jesús García Aréjula, porque sustituyó a Inmaculada de Miguel cuando ella dejó el cargo de Directora de Relaciones con la Administración de Justicia y este puesto pasó a su actual denominación y manteniendo las mismas competencias.

Fuentes jurídicas apuntan a que todos se ratificarán en lo mantenido hasta el momento. Eso sí, tendrán que someterse a las preguntas que formulen las defensas de los cuatro imputados. Estos, durante sus declaraciones ante la Fiscalía han presentado alegaciones a la vez que han rechazado las acusaciones aportando multitud de informes que sustentarían su argumentación. Y es que con las diligencias que se han llevado a cabo, el máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi quiere comprobar, tal y como denunció el Gobierno vasco, si los 15 expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se han ejecutado o no en su totalidad y si algunos de ellos ni siquiera se han empezado. Pretende determinar, si tal y como denunció el Ejecutivo, las empresas imputadas sabían de antemano que iban a ser adjudicatarias de los trabajos. O si tal y como adelantó EL PAÍS en febrero, entre otros regalos que pudieron recibir con cargo a las presuntas irregularidades determinados funcionarios, todavía en activo, se encontraban viajes con destino al Caribe sin justificar. Fuentes jurídicas señalan a este periódico que no en todos los expedientes se habrían detectado anomalías. “Hay que tener en cuenta que son empresas que todavía siguen prestando servicio a la Administración”, apuntan.

Coincidencia en el elevado interés de las tres últimas declaraciones

Lo que está claro es que en caso de confirmarse las irregularidades, los acusados se enfrentarían a un delito de prevaricación administrativa y sería un Juzgado de Instrucción de Vitoria quien asumiría un nuevo proceso judicial, previa denuncia. Por contra, de archivarse el caso, supondría un serio varapalo político para el Gobierno vasco, cuya portavoz llegó a asegurar en febrero que con independencia de lo que ocurriera, el Ejecutivo “pediría indemnizaciones a las empresas denunciadas por los perjuicios creados”.

El caso investiga si hubo irregularidades en expedientes de contratos informáticos entre 2000 y 2009, denunciadas por la portavoz del Gobierno vasco a principios de este año. En aquel entonces, Idoia Mendia puso en conocimiento de la Fiscalía un presunto fraude que podría ascender a 23 millones de euros por supuestas connivencias entre el personal responsable de Justicia y varias empresas adjudicatarias. El Ejecutivo vasco remitía de esta manera un informe al Ministerio Público con las supuestas irregularidades producidas en al menos una quincena de expedientes relativos a trabajos de informatización de las sedes judiciales vascas contratados y pagados a determinadas empresas pero que nunca fueron llevados a cabo por las mismas. Las empresas que son objeto de investigación mantienen contratos con la Administración vasca y ya recibió una compensación por las cantidades pendientes de cobro de servicios anteriores.

La reducción final a errores técnicos sería un varapalo para el Gobierno

En estos seis meses de investigación han comparecido un total de 14 personas entre testigos, peritos e imputados. “Estos tres últimos testimonios son importantes dentro de la causa”, reconocen fuentes jurídicas. Por una parte, la viceconsejera fue la que concluyó la investigación interna. La autora del informe de 31 folios remitido al Ministerio Público en febrero y en el que se incluyen textos, actas, facturas así como las entrevistas a tres funcionarios del Servicio de Informática Judicial que suscribirían las sospechas de irregularidades. Junto con este dossier, la Fiscalía ha analizado la “extensa y completa documentación”, que le remitió el Gobierno vasco, entre ellas, las dos auditorías técnicas realizadas por el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010 así como la investigación policial llevada a cabo por los expertos en delitos económicos de la Ertzaintza, de la que se desprende, después de haber rastreado el patrimonio de Inmaculada de Miguel y de Ana Molina, que “ni en su persona ni en su entorno más cercano se han detectado incrementos patrimoniales. No ha habido enriquecimiento ilícito”.