El Constitucional vuelve a suspender la subasta andaluza de fármacos

El alto tribunal admite a trámite el recurso del Gobierno contra el decreto andaluz de ahorro sanitario

Medicamentos genéricos en una farmacia de Granada.
Medicamentos genéricos en una farmacia de Granada.M. ZARZA

El Gobierno central empató este jueves el partido de tenis en el que parece haberse convertido la subasta de fármacos. El juego de la semana pasada se lo anotaron los servicios jurídicos de la Junta al conseguir que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión cautelar que pesaba sobre la resolución por la que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció la primera convocatoria pública de medicamentos. Este jueves, el alto tribunal confirmó que ha admitido a trámite el segundo recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que vio cumplido su objetivo de volver a parar la subasta.

Esta vez, la impugnación del Gobierno se centra en el decreto de medidas urgentes de prestación farmacéutica aprobado por el Gobierno andaluz, que regula la convocatoria pública de medicamentos. La admisión a trámite supone de forma automática la suspensión cautelar de la norma recurrida, en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española. De hecho, según recoge la providencia de admisión a trámite dictada por el alto tribunal, la subasta está suspendida desde el 20 de julio, el día en el que el Gobierno presentó el recurso contra el decreto andaluz. El auto del Constitucional por el que levantó la suspensión anterior se aprobó en pleno el 16 de julio, por lo que la subasta solo ha estado cuatro días vigente.

La Junta acusa al Gobierno de usar al tribunal para paralizar a las autonomías

Ahora los jueces tienen otros cinco meses para decidir si prorrogan la suspensión del decreto mientras dirimen sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permiten a la Junta volver a activar el decreto recurrido hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad. Si el tribunal mantiene los argumentos que defendieron en su anterior auto, lo lógico sería que levantaran la suspensión en los próximos meses.

En el anterior auto, el tribunal apoya su decisión de permitir reactivar la subasta en el ahorro previsto por la Junta con esta medida (más de 25 millones el primer año y más de 200 en próximas convocatorias) y advierte de que la cifra es “suficientemente ilustrativa” de los efectos de esta iniciativa de la Consejería de Salud. “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, sostiene el tribunal, que aunque en esta resolución no entra en el fondo del asunto (si la Junta vulnera o no competencias estatales), sí que apunta que el Gobierno andaluz tiene potestad para dictar normas como la que regula la adjudicación de fármacos.

Pero aunque los precedentes son favorables a los intereses de la Junta, los plazos para poder poner en marcha nuevas subastas volverán a alargarse. La Junta tiene ahora 15 días para presentar alegaciones, el Constitucional las estudiará y tendrá que redactar otro auto de levantamiento o no de la medida cautelar.

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Tras conocer el auto anterior, la idea de la Consejería de Salud era empezar a trabajar en septiembre para estudiar nuevas adjudicaciones de medicamentos, al margen de la que se adjudicó en marzo, cuyos efectos están vigentes desde junio. El freno cautelar a la subasta no impide seguir vendiendo estos fármacos con las condiciones pactadas entre las empresas y la Junta, según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud.

El departamento que dirige María Jesús Montero considera “incomprensible” que el Ejecutivo central haya mantenido su recurso a la subasta después de que el Constitucional levantara hace unos días la primera suspensión. “El Gobierno central no puede utilizar la prerrogativa que le concede la legislación española para llevar al Constitucional un conflicto de competencias como mecanismo de paralización y control de las acciones de las comunidades autónomas”, explicaron los responsables de la Consejería a través de un comunicado. Para el SAS, la actitud del Ejecutivo de Rajoy demuestra “una vez más” que el Gobierno “se posiciona a favor de los intereses de las farmacéuticas y en contra del sistema sanitario público más sostenible que reinvierta en la ciudadanía”.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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