El precio del agua en el área de Barcelona se incrementará hasta el 10%

Los vecinos del área metropolitana de Barcelona verán como su recibo del agua aumenta entre el 2% y el 10%. Es decir, entre 1,5 y 2 euros al mes. La subida se debe a la necesidad de la Generalitat de sanear la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que el Ejecutivo catalán trata de privatizar para hacer caja y reducir el déficit de la Administración catalana. Ante las dificultades para hallar inversores que financien la operación, la Generalitat se ha visto obligada a rebajar el canon inicial que deben abonar las empresas interesadas en gestionar la compañía en 100 millones de euros.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que ahora depende ATLL, informó ayer en un comunicado de la subida del agua. El consejo de administración de la compañía pública decidió subir el precio del agua para “adecuar el precio” a “su coste de captación, potabilización y distribución en alta”. Es decir, ese incremento no irá directamente al consumidor, sino a las empresas suministradoras, que deberán decidir cuál es el impacto que trasladan al consumidor.

Fuentes del sector aseguraron que no está claro que el impacto al usuario sea de hasta dos euros y explicaron que todavía lo están estudiando. La ATLL alega en el comunicado que la subida se debe al aumento de costes que han supuesto nuevas infraestructuras como la desaladora del Llobregat y las mejoras de las potabilizadoras de Abrera y Sant Joan Despí, que no se repercutieron en el consumidor.

Privatización de ATLL

 El comunicado niega que la decisión tenga que ver con la privatización de la compañía, pero admite que permitirá “reequilibrar sus finanzas”. La compañía arrastra una deuda de más de 660 millones de euros y los costes se han reducido en un 18% en un año, según la Generalitat.

Precisamente, el Ejecutivo catalán ha tenido que bajar el canon inicial que deberán pagar los interesados en quedarse con la gestión de la empresa en 100 millones de euros. Según informó ayer Expansión, el ganador del concurso deberá pagar 300 millones de euros al comienzo, en lugar de los 400 millones previstos, y luego abonar 700 millones a lo largo de los 50 años del periodo de concesión, en vez de los 600 millones iniciales. De cualquier modo, la Generalitat pretende recaudar 1.000 millones con esa operación.