La gasolina pública y la aerolínea de bandera

Las partidas de sanidad, educación y servicios sociales constituyen el grueso de los presupuestos de la Generalitat. Se trata de tres capítulos que, además de incrementarse a partir de 2004 respecto a los Gobiernos de Jordi Pujol, durante la época de bonanza no hicieron sino crecer y, de hecho, explican el desvío presupuestario de los dos últimos ejercicios, cuando los ingresos cayeron abruptamente. A pesar de que el Gobierno catalán no se explayó en proyectos faraónicos, algunas obras y gastos sí han sido criticados por la oposición. En algunos casos, los proyectos han sido auténticos fiascos.

A falta de un aeropuerto con una amplia oferta de vuelos intercontinentales, la Generalitat trató de levantar una aerolínea de bandera que acabó siendo un “pozo sin fondo”, en palabras del presidente Artur Mas. Para ello, se quedó con Spanair, a la que tuvo que alimentar con gasolina pública casi desde el primer momento. En total aportó 140 millones de euros, hasta que el pasado mes de enero, tras verse incapaz de hallar un comprador para la compañía, el Ejecutivo catalán decidió cerrar el grifo, lo cual supuso la quiebra y liquidación de la aerolínea.

Otro proyecto que se ha puesto en duda es el aeropuerto de Alguaire (Lleida), que costó cerca de 95 millones de euros. Su primer año de andadura fue un fiasco, con vuelos prácticamente vacíos —por ejemplo, la ruta Lleida-Barcelona— que debían ser subvencionados por la Generalitat. El Ejecutivo de CiU ha visto ahora en el turismo de esquí una salida para el aeródromo que, aun así, sigue con números modestos. En el primer semestre del año, por sus instalaciones han pasado 27.132 pasajeros.

La oposición, sobre todo el PP y Ciutadans, ha criticado al Ejecutivo de Mas el presupuesto para los medios públicos catalanes y las delegaciones o embajadas de Cataluña en el exterior. La partida para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha disminuido un 21,2% en los dos últimos años, de forma que estos medios cuentan con 260 millones, frente a los 330 millones de 2010. En el ámbito de la política exterior, el presupuesto se ha reducido de forma mucho más abultada, el 54,2% en dos años, desde los 55,6 millones de euros de 2010 a los 25,4 millones de 2012.