Esencias y corrupción en el ‘caso Palau’

Ya han pasado tres años desde que los Mossos d’Esquadra revolvieron el armario de los patricios catalanes con su irrupción en el Palau de la Música. El 23 de julio de 2009, las cámaras dispuestas ante el edificio de Domènech i Montaner captaron cómo, tras nueve horas de registro, Fèlix Millet, el alma de la estafa, abandonaba el edificio en su Mercedes 600 por la puerta de atrás. Tres años después, el saqueador confeso del Palau sigue en libertad y continúa frecuentando sin rubor sus habituales restaurantes de la zona alta de Barcelona.

A sus 76 años, Millet no solo goza de una envidiable salud, sino que tiene las espaldas bien cubiertas y disfruta de un tan envidiable como inmerecido patrimonio. Hasta el pasado mes de marzo —sí, marzo de 2012— no fueron embargadas sus cuentas y propiedades. Los investigadores buscan pruebas de que el buque insignia de la assenyada resistencia cultural al franquismo ha transportado en sus bodegas una trama corrupta que trata de ocultar su hedor con esencias nacionales. El perfume es tan intenso como difícil es ocultar un desfalco de 30 millones de euros en dinero público y privado.

En la actualidad, la investigación avanza no sin tenaz oposición. Apenas unas semanas después de que CiU volviera al Palau de la Generalitat —en concreto el 17 de enero de 2011—, el Gobierno catalán —a traves del consorcio del Palau— pidió al juez que no abriera pieza separada para investigar el cobro de comisiones por parte de Convergència. Al día siguiente, el Ejecutivo rectificó y sugirió que, en caso de abrirse, no se diera luz verde a las imputaciones solicitadas por el ministerio fiscal. Sin embargo, el juez instructor Josep Maria Pijuan —que no actúa con la timorata lentitud que caracterizó a su antecesor, Juli Solaz— decidió imputar a Daniel Osácar, extesorero del partido nacionalista. Esta misma semana, el juez ha dado la campanada y ha impuesto una fianza de 3,2 millones de euros a Convergència Democràtica como “partícipe a título lucrativo”. Es decir, el partido debe ingresar el dinero del que supuestamente podría haberse beneficiado gracias al delito de otro. Parece que la etapa de buenismo judicial para con CDC toca a su fin. El nuevo juez considera que “el destino real de las donaciones de Ferrovial al Palau” eran “contraprestaciones” que podrían haber financiado a Convergència en concepto comisiones por obra pública y apunta como fuentes a la megalómana construcción de la línea 9 y la Ciudad de la Justicia.

Y ahí, lo que comúnmente se apreciaría como un acto de valor —un juez enfrentándose a un partido de gobierno— es visto como una traición a la Cataluña del pacto fiscal. Algunos se apuntan a la tesis de la conspiración: la justicia española maniobra contra el catalanismo de CDC en el momento decisivo del pacto fiscal. De nada sirve que hayan aparecido facturas mendaces, expresión que curiosamente ya fue empleada a finales de la década de 1990 en el caso Casinos. Entonces un juez consideró que traspasar 3.000 millones de pesetas de Casinos de Cataluña a CDC no era un hecho delictivo, porque no atentaba contra “el interés social”.

El instructor del caso Palau tiene un pecado original: condenó por el caso Trabajo a dos dirigentes de Unió Democràtica, que no ingresaron en prisión gracias al indulto concedido por el españolísimo Gobierno de Mariano Rajoy.

Así que, tras el rastro de ese tan viejo como conocido olor, el instructor del caso Palau se desplazó el pasado 9 de julio al domicilio de Fèlix Millet. Seguía la pista de 18 millones de euros cobrados en cheques al portador. A pesar de su tenacidad, Pijuan no ha sido, hasta el momento, capaz de dar con la mitad del dinero defraudado en la estafa. Además de partidos e individuos, las instituciones financieras son culpables de esa opacidad. Los bancos no han facilitado la identidad de quienes cobraron esos cheques. Como lamenta el juez en su auto, los bancos “han incumplido sus obligaciones”, ya que por ley deben indentificar a quienes efectúen esos cobros.

A pesar de las trabas, los culpables, los encubridores y los beneficiarios del caso Palau empiezan a tener una foto nítida, con nombres y apellidos. Solo falta que paguen por ello.