El Gobierno confía en frenar por segunda vez la subasta de fármacos

El Ministerio de Sanidad da por hecho que la subasta andaluza de fármacos volverá a quedar suspendida en los próximos días. Así lo confirmó a este periódico un portavoz del departamento que dirige Ana Mato, que restó importancia al levantamiento de la suspensión cautelar decretado por el Tribunal Constitucional. “Lo normal es que vuelva a quedar suspendida la semana que viene”, señaló este portavoz.

La Constitución respalda el argumento del ministerio. El Ejecutivo central presentó hace unos días un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la Junta por el que se aprobó la posibilidad de sacar a concurso público los principios activos más consumidos. Cuando se hizo público este recurso, el viernes 13 de julio, la subasta estaba todavía oficialmente frenada como consecuencia del conflicto de competencias registrado ya ante el Tribunal Constitucional contra la resolución andaluza con la que se anunció en enero la primera subasta. El pleno del Constitucional acordó levantar este veto el lunes 16 de julio, aunque el auto estaba redactado con anterioridad y es posible que el Gobierno lo conociera cuando decidió interponer el segundo recurso.

Con esta decisión se garantiza que la norma vuelva a quedar frenada. El artículo 161.2 de la Constitución determina que la suspensión cautelar es automática cuando el Ejecutivo central recurre una norma autonómica: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.

El Gobierno vuelve a basar su recurso en una supuesta vulneración de competencias del Estado, que es el encargado de fijar las normas para la prescripción de fármacos. Además, el Ejecutivo entiende que la Junta “modifica” la cartera de servicios básica establecida para todo el país. Fuentes del Ministerio señalaron que el Ejecutivo considera también que la norma andaluza ya no tiene sentido porque el Gobierno ha fijado nuevos mecanismos de reducción del gasto farmacéutico, por lo que confía en que el alto tribunal la desautorice.

Sin embargo, el auto redactado por el Constitucional para levantar la semana pasada la suspensión de la subasta ya alude a esa nueva legislación estatal y desestima uno a uno los argumentos del Gobierno, que son muy parecidos en el conflicto de competencias y en el recurso al decreto que tendrán que estudiar ahora los jueces. Según el alto tribunal, los 44 millones de euros que pensaba ahorrar la Junta con esta iniciativa (y hasta 240 en los próximos años) son una cifra “suficientemente ilustrativa de los efectos que, sobre la reducción del gasto farmacéutico y la correlativa sostenibilidad del sistema público sanitario, puede producir la aplicación de la disposición” andaluza.

Las Administraciones tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema

“Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, exponen los jueces para contradecir los argumentos del Ejecutivo central cuando cuestiona las competencias de la Junta para regular sobre prescripción de fármacos.

La Constitución no prevé en un principio ningún mecanismo para evitar las suspensiones cautelares de las normas recurridas, por lo que, salvo excepción, todo apunta a que la subasta volverá a quedar frenada. Tras conocer el auto del alto tribunal que levantó la semana pasada el veto a la subasta, la idea de la Consejería de Salud era empezar en septiembre a preparar nuevas convocatorias de adjudicación pública de fármacos. Los plazos pueden retrasarse si en los próximos días se vuelve a decretar la suspensión de la norma. Pero si los jueces no cambian de opinión, lo lógico sería que esa decisión fuera solo temporal.