Un engaño sellado con la huella del pulgar

“Hijo, si el banco me ha regalado 500 euros como premio por mi fidelidad”. “Si padre, pero ahora todos tus ahorros están bloqueados y no te van a pagar un duro de intereses”. Así se enteró Pedro Ramos, un albañil de 77 años, jubilado con una pensión de 480 euros, de que los ahorros de toda su vida había sido invertidos en un producto de inversión de alto riesgo, de plazo indefinido (a perpetuidad) y del que la entidad financiera no tiene obligación de devolverle: las llamadas participaciones preferentes.

El caso de Pedro es aún más infame si cabe. Este albañil de Conil de la Frontera (Cádiz) había soñado toda su vida con vivir en una pequeña huerta que poseía en el campo y abandonar el ruido de la localidad costera gaditana, de unos 22.000 habitantes, invadida de segundas residencias durante el boom de la construcción y del turismo de sol y playa.

Jubilado desde 1987 como consecuencia de un accidente laboral, Pedro dio el paso en 2001. Vendió su casa de Conil y juntó todos sus ahorros, 11,5 millones de las antiguas pesetas (69.116,39 euros) para hacer una inversión a plazo fijo. Con los intereses y su pensión de 480 euros se fue a su parcela con su mujer Rafaela, un año menor que él, a cultivar verduras y a dar de comer a sus conejos de granja.

Su idea era clara, vivir de los intereses de un depósito a plazo fijo, como así le dijo que sería el director de la entonces denominada Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez (hoy Caixabank, antes Banca Cívica, y Cajasol). “Si necesitas el dinero Pedro, tú me llamas 48 horas antes que no hay problemas, porque tu eres un buen cliente”, cuenta que le dijo el que creía su amigo y vecino de toda la vida, el director de la sucursal de la citada caja en Conil, Pedro Salazar.

Pedro firmó con su nombre, y su mujer, analfabeta, prestó la huella de su pulgar para sellar lo que iba a ser un sueño cumplido: vivir de las rentas de sus ahorros con un 5,75% de interés inicial y el euribor +0,25%, a partir de los primeros 12 meses.

Y así creyó que tenía sus ahorros invertidos hasta que a finales de 2011 se le rompió su viejo televisor. Entonces le comentó a Fran, uno de sus tres hijos (los tres actualmente en el desempleo) que había visto un anuncio que decía que si ingresaba su pensión en otra entidad bancaria le daban un aparato de televisión nuevo.

Fran indagó entonces las cuentas de su padre para ver que pasaba con los intereses del depósito, y fue cuando descubrió que lo firmado inicialmente como “Contrato de Cuenta a Plazo”, se había convertido tras un buen montón de papeles en una orden de compra de 230 títulos de “Obligaciones Participaciones Preferentes”, por valor de 11.500.000 pesetas (anotadas a mano) en un documento que ni establece condiciones de la operación, ni fecha de la orden (salvo la mecanizada), ni código de cuenta de valores, ni cambio límite, ni plazo de validez. Un sello, la firma de Pedro y la huella del pulgar de Rafaela, junto con otra supuestamente del director de la caja.

Fran descubrió también que efectivamente la caja le había ingresado a su padre 500 euros, como “premio de fidelidad”, aunque ahora piensa que lo que pretendió ese ingreso era ocultar el engaño de la operación, y de un directivo bancario que, afirma, “se ha prejubilado”, “y que nos dijo que como los intereses habían bajado, los 500 euros eran para compensar esa pérdida a los buenos clientes”. Todo un detalle.

Desde enero de este año, Fran se ha dedicado a intentar recuperar los ahorros de su padre por todos los medios. Primero acudiendo a reuniones en una asociación de usuarios de bancos, donde descubrió la dimensión del problema —“fui a San Roque a una reunión de una asociación y me junté con 1.000 personas”, relata— y más tarde, a través de las redes sociales, y de su abogado, Juan Moreno Yagüe, quien le lleva su caso, y quien saltó a las páginas de actualidad económica por ser el autor de la querella por estafa y falsedad presentada ante la Audiencia Nacional por el Movimiento del 15-M contra Bankia y Rodrigo Rato, y que ha sido admitida a trámite.

Pedro Ramos y Rafaela sobreviven en Conil con sus 480 euros de paga y 2.000 euros ahorrados en su cartilla. Ahora para colmo, tienen que pagar más por los medicamentos que necesita Rafaela para su cardiopatía y también los de Pedro, quien nunca creyó que su sueño de vivir junto a su esposa en una pequeña casita de campo se iba a convertir en la mayor pesadilla de su vida.

Pero como Pedro y Rafaela hay, según los datos del Defensor del Pueblo Andaluz, 65.000 andaluces afectados. El Fiscal Jefe del Tribunal de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, confirmó el pasado día 17 la apertura de diligencias con más de 500 denuncias-quejas recibidas ante la Oficina del Defensor. García Calderón anunció que pedirá el agrupamiento de las denuncias recogidas en todas las fiscalías andaluzas para coordinar y unificar criterios de actuación ante los tribunales.