PSOE e IU consideran las condiciones del fondo de liquidez una intervención
El préstamo incluye "un mecanismo estricto de seguimiento" de los planes de ajuste El Gobierno justifica que pretende evitar "desviaciones" y "posibles sorpresas"
El ministro de Economía, Luis de Guindos, consiguió el respaldo al decreto de creación del fondo de liquidez para autonomías y el sistema financiero el pasado jueves, justo tras la aprobación del mayor recorte de la democracia, por lo que no despertó gran interés mediático. Sin embargo, tanto el PSOE e IU como la mayoría de los partidos nacionalistas advirtieron que se trata de una intervención. Fue aprobado por los 182 votos del PP frente a 103 negativos.
De Guindos justificó el decreto en que las comunidades han visto cerrados o encarecidos los mercados de deuda, por lo que no pueden garantizar la prestación de servicios. El decreto ley consiste en la creación de un fondo de 18.000 millones que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permite atender vencimientos de deuda y obtener liquidez.
Pero las condiciones para acceder a este dinero son las equivalentes a las de una intervención: la comunidad deberá evitar un endeudamiento que ponga en riesgo su sistema económico y deberá cumplir un plan de ajuste que tendrá que aceptar el Gobierno. Habrá un mecanismo estricto de seguimiento para evitar "desviaciones" y "posibles sorpresas", en palabras del propio ministro.
Las comunidades deberán informar de cualquier “actualización” del plan de tesorería y de los planes de ajuste. La Intervención del Estado emitirá informes si hay incumplimientos.
El objetivo final es que las comunidades cumplan con el déficit exigido por el Gobierno, mucho más estricto que el pedido por Europa para la Administración central.
En el mismo fondo van también los recursos para los bancos, pero con condiciones diferentes. Esta circunstancia llevó al diputado socialista Pedro Saura a criticar que el decreto del Gobierno de "barra libre a los bancos" y restrinja la financiación de la educación y la sanidad en las comunidades autónomas. "Con Bankia, lo que haga falta. A la sanidad y a la educación se le ponen muchos problemas", afirmó. "El final es acabar con las comunidades autónomas y el Estado de bienestar. Este es el ideario del PP", resumió el diputado socialista.
José Luis Centella, de Izquierda Unida, afirma que “este decreto no resuelve el problema y plantea una intervención a lo clásico".
Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, resume el sentir de la mayoría de partidos nacionalistas al ver en el decreto un intento de alterar el modelo autonómico con la excusa de la crisis.
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