Zabaleta pide a las diputaciones que no tarden dos años en pagar a los dependientes

Hasta ahora, el pago de prestaciones económicas a las personas dependientes podía tardar seis meses en llegar sin que se ingresaran las cuantías con efectos retroactivos, pero desde el pasado fin de semana los dependientes tendrán que esperar durante dos años sin que la Administración tenga la obligación de pagarles por los retrasos. Esta es una de las duras modificaciones de la Ley de Dependencia aprobadas por el Gobierno central que la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, pedirá hoy a las diputaciones que no apliquen. Lo hará en el seno del órgano interinstitucional de los servicios sociales, que reúne a Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, reiterándoles la necesidad de neutralizar los recortes a la dependencia.

Zabaleta pide además que no se aplique la rebaja del 15% de las cuantías a familiares cuidadores, que no se pongan en marcha los nuevos criterios de cálculo de patrimonio para establecer el tipo de copago —la vivienda sí cuenta ahora—, que no se limite la capacidad de las familias de elegir el tipo de ayuda que reciben y que se permita que un dependiente reciba ayudas económicas y ayudas asistenciales, algo que el Gobierno central ha eliminado entre las posibilidades.

Unas peticiones muy ambiciosas que ya tienen la respuesta desde el flanco alavés, donde el diputado general, Javier de Andrés (PP) ha invitado a la consejera a que sus exigencias vayan acompañadas de financiación. El diputado general señaló el martes que habrá que estudiar qué servicios se pueden mantener con la financiación íntegra por parte de las instituciones forales pero aseguró que solo se comprometerá a hacer lo que pueda pagar. La alternativa de emplear el impuesto de sucesiones a la dependencia tampoco convence al diputado general.

Una de las principales peticiones de la consejería, la de seguir incorporando nuevos dependientes moderados —en España su entrada está aplazada hasta 2015— ya ha sido puesta en marcha por decisión propia de las tres diputaciones, que están asumiendo la financiación completa de estos nuevos casos después de que el Ejecutivo central dejara de costear su parte.