El PP pide un drástico recorte de las ayudas a la cooperación internacional

Los populares persisten en su estrategia de culpar exclusivamente de la mala situación económica de Andalucía al despilfarro de la Junta en épocas pasadas. Según esta tesis, las cuentas estarían equilibradas si se suprimieran gastos suntuosos y arbitrarios, como los altos cargos y directivos, la flota de vehículos, las cesantías o el personal de confianza. Eso sí, sin llegar a ofrecer nunca una cifra concreta de lo que supondrían tales podas, y si se llegarían cubrir los 747 millones previstos en el plan de ajuste del Ejecutivo andaluz solo para el capítulo de personal.

En esta línea de sugerir ahorros y “gastos prescindibles”, el PP dio el jueves un paso más y pidió reducir a la mitad el presupuesto destinado a cooperación internacional en 2012, lo que permitiría a la Junta disponer de 36 millones de euros (la cantidad global es de 72 millones) para necesidades más acuciantes.

La vicesecretaria de Organización, Ana Corredera, explicó en una conferencia de prensa que desde 2007 hasta 2011, el Gobierno andaluz ha gastado en cooperación 430 millones hasta llegar a una cifra en 2012 de 500 millones. “Es decir, una media de 230.000 euros diarios, casi 40 millones de las antiguas pesetas”. Según una nota remitida por el partido, Corredera dijo que el Gobierno andaluz ha gastado este año más de dos millones en el primer trimestre de este año. “Nos preocupa que se dé dinero, pero que no se pague a los dependientes, la residencia de mayores o a los centros de día”, apostilló la popular.

Cuestionó, además, la utilidad de algunos proyectos, y citó como ejemplo un centro de medio ambiente y conservación de la biodiversidad en Panamá, que asciende a 450.000 euros, o el proyecto de apoyo al fortalecimiento de la cultura emprendedora a través de las oficinas públicas de empleo en Paraguay, al que la Junta ha destinado 250.000 euros.

Conforme avanza el clima de desfallecimiento de los ciudadanos, los partidos se enrocan más en la batalla política. Sobre todo en Andalucía, donde los dos bloques compactos en los que se constituye el Parlamento autónomo —PSOE IU, en el Gobierno, y la oposición del PP— han entablado una dialéctica de buenos y malos que no deja de crecer. A la perseverancia del PP de atribuir a los años de gestión de los socialistas en la Junta el estado financiero, hay que unir el afán de PSOE e IU por hacer ver que todos los recortes que aplican son por “imperativo legal” del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Con estos mimbres, el miércoles próximo la Cámara andaluza va a celebrar un pleno extraordinario sobre el impacto de los últimos ajustes del Gobierno central en Andalucía, un debate que nace ya con el estigma de la polémica, tras negarse la mayoría de PSOE e IU a sumar a la convocatoria la petición del PP para que José Antonio Griñán explique también la gestión que está realizando su Ejecutivo. El bloqueo propició un nuevo encontronazo entre ambos frentes durante la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento (el órgano que dirige la Cámara en periodos inhábiles), con argumentos parecidos a los que vienen desgranado estos días dirigentes de todos los niveles de los cuadros partidarios.

Los portavoces de PSOE e IU, Mario Jiménez y José Antonio Castro, reprocharon al PP el intento de “contraprogramación” para tapar el desmontaje del Estado del bienestar que está acometiendo Mariano Rajoy y desviar el tiro. Tras responsabilizar a la “herencia a los socialistas” de la quiebra de la economía, Carlos Rojas, portavoz del PP, replicó: “Ustedes quieren hablar de lo que se debate en el Congreso, no de lo que pasa aquí. Solo buscan la confrontación y cortinas de humo para que no se vea la incapacidad del anterior Ejecutivo socialista en la Junta y del actual con Griñán”.