Los funcionarios judiciales trasladan al TSJA las medidas de protesta

Los funcionarios judiciales andaluces protestarán contra los recortes aprobados por los gobierno central y autonómico limitándose a cumplir “escrupulosamente” con sus funciones. Así lo ha anunciado esta mañana la Plataforma en Defensa de la Justicia en Andalucía que ha matizado que esta postura exigirá la presencia real de los jueces y secretarios judiciales en todos aquellos actos en los que la ley lo prevé.

Durante un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el secretario de Gobierno del alto tribunal andaluz, Diego Medina, los sindicatos integrantes de la plataforma han precisado que la medida se pondrá en marcha a partir de septiembre. “Estos trabajadores pretenden romper con una dinámica ampliamente instaurada y que rozaba la ilegalidad al extralimitarse en algunos casos en sus competencias”, según el escrito entregado a los representantes del TSJA.

Los sindicatos han afirmado que se realizará una campaña por todos los juzgados y tribunales andaluces para recordar a funcionarios, profesionales y ciudadanos el contenido del principio de inmediación judicial así como las funciones que corresponden al cuerpo de secretarios judiciales. Además, la plataforma señaló que se realizará un estricto cumplimiento de la ley de protección de datos y se limitará la información que se facilita de manera telefónica, exigiendo además personarse en juzgados y tribunales previa acreditación.

Respaldo a la medida

La plataforma ha pedido a Del Río que estas medidas sean respaldadas por la Sala de Gobierno y que se hagan extensivas a todos los jueces y magistrados. Asimismo, le han rogado que esta postura no se tome como un acto en contra de su colectivo, sino como una manera de hacerle partícipe del legítimo malestar de los trabajadores por los “ataques” de las administraciones.

Por su parte, el TSJA ha informado que el presidente del tribunal y el secretario de Gobierno comprenden la situación laboral y económica actual de los funcionarios. En el comunicado, han reconocen la cualificación y el esfuerzo que realiza en general el colectivo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Desde el órgano judicial, se ha deseado que la ejecución de las medidas anunciadas se lleve a cabo con la “menor afectación posible” a los derechos de los ciudadanos y de la prestación del servicio público. Además, de que no contribuya a empeorar la imagen de la Justicia.