CiU y PP pactan y rechazan llevar tres decretos al Constitucional

La alianza entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) ha funcionado esta tarde en el Parlament con la precisión de un reloj suizo. Los dos partidos han actuado como un solo hombre y han sumado sus votos para rechazar los dos recursos de inconstitucionalidad presentados por los antiguos socios del tripartito contra los decretos de los recortes de sanidad y educación de Mariano Rajoy. El resultado de la votación en los dos casos ha sido implacable: 78 votos en contra de apelar y 50 a favor. Peor suerte ha corrido el recurso ante el alto tribunal contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria defendido por el PSC: Ciutadans se ha sumado al bloque de CiU y PP y el resultado ha sido ésta: 80 votos en contra de apelar y 49 a favor.

El martes, de hecho, ya se visualizó la entente entre convergentes y populares cuando éstos al final abortaron in extremis con su abstención la posibilidad de impulsar una reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que plantearon los socialistas. Los partidos de izquierda han reprochado al ejecutivo que amenace con apelar y luego, cuando tiene la oportunidad de hacerlo, se desdiga y acabe asumiendo los recortes y las directrices que marca el PP. La diputada popular Eva García se ha ensañado especialmente en el debate con la postura de CiU: “Hablan siempre con la boca pequeña. Son unos llorones. A la hora de la verdad, siempre se arrugan. Lo que aquí es rojo en Madrid es azul”.

Convergència se ha amparado en que está negociando con el ejecutivo de Rajoy y que aun está tiempo de ir al Constitucional. Y así, las tres proposociones han ido cayendo en saco roto durante el debate. Los ex socios del tripartito han abominado del decreto de los recortes del Ministerio de Sanidad porque vulnera el derecho universal y gratuito a la salud, e invade competencias. Los partidos de izquierda han considerado que el texto es una "contrarreforma sanitaria" sin precedentes en 30 años al vincular el derecho a la salud al cotizar en la seguridad social. El decreto excluye tanto a los inmigrantes en situación irregular en España como a los jóvenes mayores de 26 años que no hayan cotizado hasta ahora. “Los derechos no son una caprichosa cesión de un Gobierno”, ha lamentado Jordi Cañas, de Ciutadans. Josep Vendrell, de Iniciativa, ha instado a CiU a no ser “dura con la gente y dócil con el PP”, y ha inscrito el rechazo de los nacionalistas en la "lamentable moneda de cambio” con los populares.

El Gobierno de Artur Mas anunció en su día que recurriría el decreto pero quedó aparcado al empezar un proceso de negociación con el Gobierno de Rajoy cuando avisó que recurriría el euro por receta. La democristiana Maria Assumpció Laïlla ha considerado que este no es el momento, aunque no descarta que al final el Ejecutivo recurra al TC. “Es un modelo que deconstruye el que había y supone una regresión”, ha señalado. La popular García ha justificado los recortes de sanidad por la deuda de 16.000 millones de euros que dejó el Gobierno socialista y ha defendido que la actual situación económica no permite dar cobertura sanitaria a los inmigrantes ilegales ni al turismo sanitario. “Mientras haya 400.000 niños catalanes que no puedan cenar, tenemos que tomar esta postura”, ha señalado.

En el recurso de educación, el diputado socialista, Daniel Font ha denunciado la política de recentralización sobre el gasto de la educación en esta materia y la ecosocialista Dolors Camats ha coincidido con él declarando que "pisa las competencias de la Generalitat". La diputada de ERC, Ana Simo, ha querido demostrar la indignación de su partido frente a una ley que vulnera también los derechos de los ciudadanos. Simó ha criticado las manifestaciones de la popular Maria Dolores de Cospedal que ha calificado esta mañana de “inapropiado hablar de competencias” en tiempos de crisis. La republicana ha concluido su discurso pidiendo a los grupos parlamentarios que no se callen y que actúen.

Por su lado, el popular Enric Millo ha avisado a los partidos de izquierda que apelar al Tribunal Constitucional es "el último recurso" y que no lo veía oportuno en este caso. Y ha defendido la relación bilateral entre el gobierno catalán con el gobierno central sobre los recortes sin ser necesario la consulta de los partidos minoritarios. La alianza del PP y de CiU, criticada por Camats en varias ocasiones, ha hecho imposible el recurso de anticonstitucionalidad de un gasto en educación que, según Font, "tendría que ser el primer gasto de un estado".

Los socialistas querían que CiU diera su apoyo para recurrir la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece en su artículo 32 que la Generalitat debe destinar su superávit para saldar duda. El PSC sostenía que era el ejecutivo tenía una oportunidad de oro para romper con CiU. No ha sido así. Ramon Espadaler, portavoz adjunto de CiU, ha pedido al PSC que no dé lecciones porque la ley es hija de la reforma constitucional que pactaron PP y PSOE. El democristiano ha abogado por seguir negociando con el Gobierno de Rajoy antes que apostar ya de entrada por un recurso ante el TC que puede tardar seis años en dictar sentencia.

Uriel Bertran, portavoz de Solidaritat, ha subido al estrado y con vehemencia, dirigiéndose a la bancada de CiU, ha dicho: “Leo los diarios y veo que CiU rompe con el PP y que presentara recursos por la vulneración de competencias; abro la tele, y lo mismo. Y a la primera ocasión que pueden pactan con el PP y lo rechazan”, ha afirmado para añadir. “Esto no es el oasis, es el espejismo. Estamos flipados. ¿De qué van? ¿Pueden ser un poco honestos?”.