Fianza millonaria a Convergència por el ‘caso Palau’

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tiene que abonar una fianza de 3,2 millones por haberse beneficiado, presuntamente, del saqueo del Palau de la Música, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana. El juez que investiga el caso Palau considera que el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, debe figurar como responsable civil en la causa. Cuando el auto le sea notificado oficialmente, CDC tendrá 24 horas para pagar la fianza. De lo contrario, según la resolución judicial, “se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, cree que hay “indicios” de que Convergència se financió de forma irregular por dos vías. La más cuantiosa (2,3 millones) corresponde a “entregas opacas de dinero en efectivo” entre 2002 y 2008. Esos pagos fueron hechos por el expresidente del Palau Fèlix Millet y quien fue su mano derecha en la institución, Jordi Montull. Ambos contaron con la “ayuda”, según el juez, de los responsables financieros del partido: Carles Torrent —tesorero de CDC hasta su muerte, en marzo de 2005— y su sucesor, Daniel Osácar, uno de los imputados en el caso.

Las investigaciones acreditan que el “destino final” de las cantidades aportadas por Millet y Montull era Convergència. En algunas ocasiones, el dinero llegaba directamente al partido. En otras, lo hacía “a través de la Fundación Trias Fargas”, una “plataforma de pensamiento político” que mantiene estrechos vínculos —incluidos los financieros— con Convergència. Torrent recibió 570.000 euros; Osácar, los 1,7 millones restantes, señala el auto.

En el registro del Palau de la Música, del que se cumplen exactamente tres años el próximo lunes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de un documento en el que aparece consignada una relación de años y de pagos bajo el epígrafe “Daniel”. Un informe de la Agencia Tributaria concluyó que se trataba de Daniel Osácar, el tesorero de CDC. Su abogado, Javier Melero, subrayó ayer: “no hay ninguna prueba”, más allá de ese documento, que vincule las salidas de dinero del Palau a los pagos al partido.

La segunda línea de financiación de Convergència procede de un entramado más complejo. Según las pesquisas, hay “indicios” de que el partido se benefició de un desvío de fondos de al menos 982.000 euros que se “instrumentalizó” mediante “facturación mendaz” durante los años 2007, 2008 y 2009. Dos empresas dedicadas al buzoneo y el montaje audiovisual, New Letter y Letter Graphic, cobraron esa cantidad al Palau. Pero no ha quedado acreditado que esos trabajos se realizaran. Otra posibilidad, apunta el juez, es que esos servicios sí se prestaran, pero a Convergència.

Colom firma hoy el acuerdo para devolver los 75.000 euros que le dio Millet

Esas dos empresas, de hecho, son proveedoras habituales de CDC y sus coaliciones para campañas electorales. Según un informe del administrador concursal que se ha hecho cargo de las dos sociedades, la facturación al partido se hizo por “trabajos genéricos”. Lo curioso es que New Letter y Letter Graphic devolvieron a la formación de Mas la mayor parte del dinero que habían ingresado: 775.000 euros.

El caso es que el Palau hizo el pago de esos 982.000 euros con cargo a las donaciones que había recibido de la constructora Ferrovial. Pero esas supuestas donaciones por el mecenazgo de la institución no eran tales, ni “obedecían a la liberalidad del donante”, ironiza el juez. Se trataba, en realidad, de un pago encubierto a CDC. A cambio del pago de esas comisiones, según el juez, el Gobierno de Jordi Pujol adjudicó a Ferrovial obras de gran envergadura en Cataluña, como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia.

Ferrovial también fue adjudicataria de las obras de revestimiento de la acequia Bellet, en el Ebro, y del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès, que fue adjudicado por el equipo municipal, en manos (entonces y ahora) de Convergència. El alcalde era Lluís Recoder, actual consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán. Y el cargo de gerente municipal lo ocupaba Jordi Turull, portavoz de CDC en el Parlament.

Según el juez, Millet y Montull participaron en el cobro de esas comisiones como “intermediarios” entre la constructora y “personas afines a Convergència”. Ambos confesaron parcialmente los hechos al inicio de la investigación y están imputados por apropiación indebida, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra la hacienda pública.

El dinero aún daba más vueltas antes de llegar de su origen (Ferrovial) a su destino (Convergència). Los fondos desviados pasaban a Mail Rent, sociedad matriz de New Letter y Letter Graphic. ¿Cómo? De nuevo, con facturas falsas. Mail Rent cobró 1,8 millones de sus filiales por un inexistente “alquiler de maquinaria” entre 2007 y 2009. El dinero, finalmente, llegaba a CDC, “bien mediante entregas de dinero en efectivo” —cuyo importe no se ha podido fijar, dice el juez, por la “opacidad de las entregas”—, “bien a través de donaciones, por un total de 775.000 euros”.

Convergència anunció que recurrirá el auto del juez. Sobre los presuntos pagos de Ferrovial, Javier Melero afirmó que los expedientes de contratación de esas obras “no se han cuestionado judicialmente”. “Este es un aspecto que nunca se ha investigado, ni siquiera se ha llamado a declarar a un funcionario para que dé las explicaciones”. El letrado del tesorero Osácar sostuvo que el juez “da por supuesta” la existencia de una serie de delitos antecedentes —soborno, tráfico de influencias y fraude en la contratación— que no se han probado. Por tanto, exigir una fianza a la formación nacionalista carece de sentido.

El juez ha atendido la petición del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled para que CDC figure como “responsable civil a título lucrativo” y, por tanto, asuma parte del expolio. El Código Penal recoge la figura del partícipe a título lucrativo. Significa que quienes se benefician de un dinero obtenido de forma delictiva están obligados a devolverlo pese a no haber cometido el delito.

Un informe policial, que ahora examina el Tribunal de Cuentas, ahondó en la presunta financiación irregular: la Fundación Trias Fargas —rebautizada como Catdem tras el escándalo— recibió 6,5 millones en donaciones de importantes empresas, que en parte acabaron en las arcas de CDC. El Palau también donó 630.000 euros a la Trias Fargas. En noviembre de 2009, la fundación se comprometió a devolver ese dinero en ocho años. Por ahora ha satisfecho dos de las anualidades por un total de 158.000 euros.

El secretario de inmigración de Convergència, Àngel Colom, mantendrá hoy una reunión con los responsables del Palau. Las dos partes pretenden fijar los términos de un acuerdo por el que Colom se comprometerá a devolver los 75.000 euros que Millet le entregó, que fueron a parar al extinto Partit per la Independència (PI). Según Colom —que también figura como partícipe a título lucrativo—, el expresidente le entregó el dinero como una “ayuda” por las deudas del PI.

El juez decidió unificar las dos causas abiertas —la del expolio del Palau, cifrado en 30 millones, y la pieza política sobre el pago de comisiones a CDC— en una. Una de sus últimas decisiones ha sido el registro de las viviendas de Millet y Montull en busca de bienes para embargar y se ha llevado cuadros. Es una de las últimas pesquisas antes de cerrar la instrucción de la causa y sentarles en el banquillo.