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Un oficial achaca un siniestro mortal en una fragata al desgaste de materiales

La acusación pide penas de uno a tres años de cárcel para el militar

Más de 2.000 personas siguieron ayer la entrega de despachos en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra)
Más de 2.000 personas siguieron ayer la entrega de despachos en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra)SALVADOR SAS

Siete años han transcurrido desde que una explosión en la sala de calderas acabó con la vida de dos marineros de la fragata Extremadura hasta que el jefe de máquinas del buque se ha sentado en el banquillo como presunto responsable de dos delitos contra la eficiencia del servicio.

El juzgado militar territorial número 4 de A Coruña inició ayer el juicio oral contra Pablo Varela Sánchez, oficial a cargo de las máquinas de la Extremadura que ordenó encender las calderas del buque y que, supuestamente, ignoró las advertencias de sus subordinados cuando le telefonearon a casa de madrugada para decirle que los niveles de contaminación por cloro estaban muy por encima de los límites. Tampoco se presentó en el buque cuando el juez inspeccionó la nave para levantar los cadáveres.

Ocurrió la madrugada del 19 de diciembre de 2005 en el Arsenal militar de Ferrol. El buque zarpaba ese mismo día para realizar una maniobras en alta mar y el oficial mandó arrancar la maquinaria. A las dos de la madrugada, una explosión en la sala de calderas de popa (1B) abrasó a Erik Noval Gómez y Francisco Pérez Castrillón, dos marineros de 20 y 28 años que estaban de guardia.

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La Armada y el acusado sostuvieron desde el primer momento que el accidente se produjo por el desgaste de las tuberías de una fragata construida en los setenta en los astilleros ferrolanos y con tres décadas de mar. Varela declaró ayer que actúo “según el manual” y que el siniestro se debió a un defecto de los tubos, que estaban agrietados. Los peritos admiten que el desgaste de los materiales rozaba el 85%.

El fiscal y la acusación particular piden para el oficial acusado penas que van de uno a tres años de cárcel y suspensión de empleo por su posible negligencia. Señalan que otro manual que el acusado dijo no haber leído, recomendaba apagar la caldera al sobrepasar los límites de cloro que alcanzaron registros históricos.

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La perseverancia de Isabel Gómez, madre de Erik, ha impedido que un tribunal togado militar coruñés archivase el caso en septiembre de 2009. El fiscal también se opuso al sobreseimiento y el Tribunal Supremo les dio la razón y ordenó abrir juicio oral. “Quiero justicia y que admitan lo que pasó. No tomaron las medidas de seguridad necesarias en un barco viejo”, afirma Isabel Gómez. El periplo judicial del accidente de la fragata Extremadura ha estado siempre rodeado de controversia por las denuncias de un cabo primera del buque, Jorge Miguel Gago, que señaló a los mandos de la Armada como responsables de un accidente que, en su opinión, se pudo evitar y que siempre se afanaron en tapar mientras ascendían al acusado a teniente de navío. El cabo, que declara hoy, fue expedientado y abandonó la Marina. La familia de los marineros muertos reclaman una indemnización por daños morales.

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