La tensión López-Rajoy dispara los litigios

La discrepancia política de raíz que el Gobierno de Patxi López alberga respecto de las recetas económicas que está aplicando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y su negativa a aceptarlas y trasladarlas al País Vasco, se va traduciendo en un aumento exponencial de los litigios ante instancias judiciales entre ambas administraciones.

Los casos pública y mediáticamente conocidos son los anuncios de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) que preparan ambas partes. Pero hay más.

Por ahora son tres del Gobierno vasco, a expensas de las posibilidades que vea en el paquete aprobado el viernes último, y uno en sentido inverso contra el decreto que ha cortado el paso a los recortes sanitarios y educativos en Euskadi.

La diferencia de repercusión entre unos y otro es fundamental: el promovido por el Gobierno central tiene el poder de suspender cautelarmente el decreto vasco durante cinco meses y de obligar, por tanto, a aplicar los recortes, lo que dejará en papel mojado en la práctica el rechazo del Ejecutivo de López.

Eso ocurrirá en el momento mismo en que el TC lo tome en consideración. La obligatoriedad de cumplimiento puede ser luego, además, prorrogada. A la inversa, los recursos de las comunidades autónomas no tienen facultad suspensiva.

OPE de Educación, víctimas policiales, y transexuales, entre los choques

Pero bajo aumento de la litigiosidad que se ve en la superficie existe un movimiento más de fondo. En estos otros casos, la dirección es casi única: es el Gobierno del PP el que tiene la lupa puesta, de modo llamativamente activo, s obre las actuaciones del vasco, según parecen revelar los datos.

En los seis meses que lleva el PP de ejercicio al frente del Gobierno ha puesto en marcha ocho requerimientos al Ejecutivo López sobre otros tantos proyectos, leyes, decretos o actuaciones de este. El Gobierno vasco, en el mismo tiempo, ha instado únicamente los tres correspondientes a los recursos ya citados ante el TC por los sucesivos decretos-ley de recorte, que considera invasivos de las competencias del autogobierno que consagra el Estatuto de Gernika.

Además del frente con Madrid, el Gobierno tiene el de las Diputaciones

El Gobierno central tiene puestos en cuestión desde la Oferta Pública de Empleo (OPE) convocada por el Departamento de Educación, contra la que realizó su primer requerimiento en febrero, hasta la Ley del Paisaje. Este último data de principios de este mes.

Desde que empezó este goteo, hace cinco meses justos —el primero con fecha 10 de febrero— el Ejecutivo Rajoy ha comunicado sus reservas al vasco sobre las cuestiones más diversas. Entre ellas está algunas que rozan terrenos sumamente sensibles, como es el reciente decreto de reconocimiento y compensación a las víctimas de excesos policiales o parapoliciales habidas entre 1960 y la aprobación de la Constitución en 1978. Otro de los asuntos en litigio es la ley que reconoce derechos añadidos a los transexuales

El Gobierno central cuestiona también la ley que reconoce derechos añadidos a los transexuales, como el que que les permitirá disponer en Euskadi de un documento de identificación con validez administrativa durante el período de transición entre la apariencia física que no se corresponde con su identidad de género y la nueva.

15 casos forales a la Comisión Arbitral contra siete leyes. López, ninguno

Cuatro de los requerimientos se han realizado después del 7 de mayo, fecha en la que el PP vasco rompió el pacto para el cambio que firmó en 2009 con los socialistas.

La ley del Dopaje en el Deporte; el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, la ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), una figura únicamente existente en Euskadi, o la Autoridad vasca de la Competencia están igualmente bajo requerimiento de la administración del Estado.

El de los litigios con el Ejecutivo central no es el único frente que tiene abierto el Gobierno López. Tanto o más han crecido las impugnaciones de las Diputaciones, en particular la de Bizkaia (PNV), pero ahora también la de Álava (PP). En el caso de estas querellas domésticas la forma que adoptan es la de recursos ante la Comisión Arbitral, y el principal resultado ha sido la paralización, durante varios meses, de la tramitación parlamentaria de varias leyes, pero, con particular trascendencia, la de la Ley Municipal.

Esa norma está ya, como consecuencia de ello, en claro riesgo de que el Parlamento no tenga tiempo de votarla y de que Euskadi continúe siendo la única comunidad de España que carece de esa norma, pese a que dispone desde hace 33 años de la competencia exclusiva para aprobarla.

La mitad de los recursos forales, desde 1997, son del último año y medio

Esos retrasos han sido casi el único logro de las Diputaciones, porque, salvo una estimación parcial, han perdido todas las impugnaciones que han realizado, siempre basadas en la acusación de invasión competencial por parte del Gobierno.

Ese ha sido el argumento usado en los casos de la ley de Cambio Climático, la ley de Juventud, la de Cajas de Ahorros, la modificación de la ley de Gestión de Emergencias, o la de Apoyo a Emprendedores. El último recurso, que hace ya el número siete, con idénticos efectos que los anteriores, ha sido el presentado contra el proyecto de Ley de Movilidad. La Comisión Arbitral lo admitió a trámite la semana pasada.

La revisión de la actividad histórica de la Comisión Arbitral, que fue creada para dirimir en un ámbito extrajudicial los conflictos entre instituciones de la comunidad autónoma, deja ver un incremento espectacular de las impugnaciones contra actuaciones del Gobierno López, respecto de las de Ejecutivos anteriores, todos liderados por el PNV.

De los 42 recursos que ha visto en total ese órgano desde hace 25 años, que versan sobre 29 asuntos —en algunos se persona más de una institución y cada una aporta su propio texto legal— 15 se concentran entre el año pasado y este.

De los otros 27, nueve fueron en sentido inverso, presentados por el Gobierno, siempre en época de liderazgo PNV. Los números son elocuentes: en el último año y medio las Diputaciones han presentado casi el mismo número de recursos, 15, que en los 22 que median entre 1997, fecha de la que que data el primero, y mayo de 2009, cuando llega el PSE-EE al Gobierno.

Como elemento de comparación, en el último ejercicio del anterior Ejecutivo, cuando el PNV lideraba tanto el Gobierno como las tres Diputaciones, Bizkaia y Álava recurrieron solo dos asuntos, uno de ellos otro proyecto de Ley Municipal.

Álava acusa a López de querer cambiar la LTH “por la vía de los hechos”

El Gobierno de Patxi López no ha recurrido ningún asunto en todo el mandato a la Comisión Arbitral, ante la que sus letrados solo se personan para defender, con bastante más éxito por ahora que los representantes forales, las actuaciones que estos tratan de anular.

El PAÍS solo pudo obtener una explicación a este llamativo incremento por parte de la Diputación de Álava. Un portavoz foral indicó que los recursos son la respuesta a “un intento del Gobierno de cambiar la Ley de Territorios Históricos (LTH) por la vía de los hechos, restando competencias a las diputaciones”. El Ejecutivo alavés del PP que preside Javier de Andrés “defiende la foralidad, exige el respeto a las competencias de los territorios tal y como están, y lo seguirá haciendo”, añadió. La misma fuente achacó al Gobierno López “falta de interés por evitar los recursos”.

El gabinete foral de Gipuzkoa excusó por escrito realizar ningún análisis, ni sobre estas disputas interna ni sobre las que libran los Gobiernos vasco y central. “Cuando ha habido algún litigio en concreto y lo ha creído conveniente \[la Diputación\] ya ha dado su valoración, y así lo seguirá haciendo en el futuro. Ahora no va a hacer ningún tipo de declaración”, respondió el responsable de comunicación, Ander Usabiaga.

La Diputación de Bizkaia no respondió a idéntica petición cursada igualmente por este periódico.