Las Juntas decidirán en Álava sobre la aplicación de los recortes de Rajoy

El pleno monográfico de las Juntas Generales alavesas sobre la situación económica del territorio dio ocasión a los grupos de coincidir en el diagnóstico de que Álava sigue saliendo bienparada en cualquier comparación que se establezca con el conjunto de España.

Entre esos mejores indicadores que los portavoces citaron o admitieron están la menor bajada del índice de la producción industrial o el descenso, también más reducido, del PIB. Pero del mismo modo estuvieron de acuerdo en que el territorio no escapa, ni lo hará, a las dificultades generales sin intervenciones decididas. Y a partir de ahí, a la hora de definir recetas, sobre todo las fiscales, casi todo fueron divergencias y una clara división en dos bloques de la cámara provincial, con el PP y el PNV a un lado y los socialistas a otros, en ocasiones en coincidencia con Ezker Batua y Bildu. Con diversas combinaciones entre los grupos, casi 70 del centenar de propuestas de resolución salieron adelante.

Las seis horas de sesión no fueron en balde y los grupos dejaron ver la apertura y la variedad del juego de alianzas, coalición abertzale incluida.

La cámara foral alcanzó incluso la unanimidad en el respaldo a una propuesta de resolución de lucha contra el fraude fiscal, presentada por el PP. El portavoz del PNV, Ramiro González, no tuvo empacho en retirar la suya. “La del PP es mejor”, admitió.

PP y PNV tumban todas las propuestas fiscales del PSE y el resto de la izquierda

También la socialista Cristina González, dijo que el PSE-EE se había visto sorprendido para bien por la propuesta del grupo del gobierno foral y la votó. Su aprobación compromete al equipo que dirige Javier de Andrés a presentar a las Juntas Generales un proyecto de norma foral por el que se alargará el actual plazo de prescripción de los delitos fiscales, de modo que sean investigables y perseguibles durante más años. La portavoz del PP, Ana Morales, se vanaglorió del tanto. “Ya les hubiera gustado a ustedes presentar nuestra iniciativa contra el fraude”, dijo a los socialistas, al tiempo que achacó a “los ocho años de Via Crucis” con el Gobierno del PSOE las medidas que ahora adopta el Ejecutivo del PP, aunque “no son plato de gusto”, admitió.

Aunque el PNV y el PP tumbaron todas las propuestas socialistas de contenido tributario, y también las de Bildu y Ezker Batua, el PSE logró sacar adelante una de importancia capital, a la que solo se opuso el PP: la que insta al Ejecutivo foral a no aplicar en Álava ninguna de las medidas de recorte dictadas por el Gobierno de Mariano Rajoy sin el refrendo previo de las Juntas Generales. El texto aprobado rechaza cualquier intervención que limite lo que denomina “el autogobierno alavés” y que pueda resultar “perjudicial para la reactivación de la economía” del territorio o de los derechos de su ciudadanía. Cristina González vio con ello satisfecha la necesidad de trazar una “líneas rojas” que el Ejecutivo del PP no pueda traspasar.

En sentido inverso, el PP logró los votos del PNV para señalarle otras líneas rojas al Gobierno de Patxi López: este recibió el mensaje conjunto de los dos partidos de respetar el marco de competencias vigente y “evitar injerencias en aquellas que desempeñan las Diputaciones y, significativamente, las de carácter tributario”. El Ejecutivo vuelve así a recibir la negativa por respuesta a su deseo de que las instituciones comunes, Gobierno y Parlamento, tengan un papel en la determinación de los ingresos de los que viven los presupuestos públicos.

El peneuvista Ramiro González, por cuya iniciativa, con el apoyo socialista, se celebró el pleno de ayer, se felicitó de los consensos alcanzados. Las resoluciones aprobadas son “rigurosas y ejecutables”, dijo, Su oposición a todas las de contenido fiscal de los grupos de izquierda la justificó en que la ponencia en la que se debate esa materia tiene aún su trabajo sin finalizar. Hasta que lo acabe y se celebre un pleno monográfico sobre fiscalidad “no es momento”, opinó.