El Consell no paga a las familias con menores en acogida desde noviembre

Las 451 familias que acogen a menores en situación de desamparo tampoco cobran la ayuda que les concede la Generalitat, que oscila entre los 6.000 y 8. 000 euros por unidad familiar. Las denominadas familias educadoras admiten que están en una situación “límite”, según varias de ellas que piden mantenerse en el anonimato. La consejería de Hacienda no les paga desde el mes de noviembre de 2011 “unas cantidades simbólicas, de hecho, es la Comunidad que menos dinero destina, pero sin duda suponen un apoyo económico para cubrir las necesidades de estos menores”, según explican.

Las madres afectadas tildan de “absolutamente necesarias” esta ayuda, que oscila entre los 300 y 400 euros por cada niño, aunque algunas de ellas tienen varios hermanos y puede suponer más de 1.000 euros mensuales. La mayoría de estos niños tienen necesidades especiales que suponen gastos cuantiosos, y citan como ejemplo la adquisición de sillas de ruedas, audífonos, gastos de psicólogo, psicopedagogo, fisioterapia o logopeda. En algunos casos, los menores padecen síndromes de Asperger, parálisis cerebral, retrasos mentales o trastornos emocionales por maltratos y abusos.

“Sin ayudas es difícil darles todo lo que necesitan. En muchas familias la situación ha cambiado, antes trabajamos todos, y ahora hay gente en el paro y tenemos menos ingresos”, admite una de estas madres. El colectivo quiere “dar calor familiar” a estos menores que en algunos casos han perdido a los padres, en otros sus progenitores están en la cárcel o las autoridades judiciales les han retirado la custodia. “Siempre pagaban tarde y mal, pero ahora ya no pagan”, se lamenta una de las afectadas.

La consejería de Justicia y Bienestar Social se encarga de autorizar este régimen de acogida en familias, con el objetivo de progresivamente ir desmantelando los centros de internamiento de menores de seis años. “La familia es el mejor lugar para que un niño crezca y se desarrolle, y es fundamental para su completa integración y evitar su exclusión social”, aseguran. Además, recuerdan que una plaza en un centro cuesta a la Administración unos 3.000 euros al mes, mientras que la estancia en familias supone entre 250 euros y 700, para la Comunidad Autónoma que más paga.

“La crisis nos afecta a todos, la situación de las familias educadoras ha cambiado, algunas tenemos a miembros en el paro, y eso supone que aunque queramos tener hijos en acogida, si las ayudas no llegan pronto no podremos seguir”, advierten, y de hecho confirman que alguna familia de la provincia de Alicante ya que devuelto a los niños a la consejería por no poderlos atender debidamente.