Condena a Bienestar Social por pagar con retrasos a las residencias

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Consejería de Bienestar Social a pagar un total de 75.995,58 euros en concepto de intereses de demora por el retraso en pagos a empresas gestoras de residencias de la tercera edad o centros de día de la autonomía.

En total, el tribunal valenciano ha dictado tres resoluciones relativas a estos retrasos, con fecha 20 de abril. Y todas ellas son estimatorias y condenan a la Administración por pagar tarde a tres empresas distintas.

El caso de mayor cuantía es el del recurso interpuesto por la mercantil La Saleta Gestión, SL y Geroresidencias, SL contra la desestimación, por silencio, de una reclamación presentada en 2010 ante Bienestar Social, en la que pedían el pago de intereses de demora por el abono tardío de las facturas presentadas como consecuencia del contrato de gestión integral de la residencia de la tercera edad y centro de día Virgen de Gracia de Villarreal (Castellón).

La parte recurrente alegó -al igual que ocurre en las otras dos resoluciones similares- que existió un retraso superior a 60 días en el pago de las facturas. El tribunal valenciano da la razón a la mercantil y condena a la Generalitat a abonar la cantidad reclamada, es decir, los 44.696,94 euros.

Otro caso es el del recurso interpuesto por la mercantil Secopsa, SA. y Geroresidencias, SL contra la desestimación, también por silencio, de la reclamación presentada en diciembre de 2010 ante consejería por el pago tardío de las facturas como consecuencia del contrato de gestión integral del centro de día de L'Alcúdia.

La última resolución hace referencia al recurso presentado por Adesval, SL contra la desestimación de reclamaciones solicitadas en enero de 2011 ante la misma consejería, por el pago de intereses de demora relativos a facturas de un contrato de reforma de pavimento de la residencia de la tercera edad de la calle de San Vicente número 56 en Ademuz (Valencia).

En estos dos últimos asuntos, el tribunal valenciano acepta las reclamaciones de las mercantiles y condena a la Generalitat a abonarles el pago de 20.380,39 euros y de 10.844,93 euros, respectivamente.