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Gallardón revisará el Código Penal para endurecer las condenas a incendiarios

La pena de cárcel por quemar espacios protegidos aumenta hasta los nueve años

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ayer en Santiago.
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ayer en Santiago.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cuadrado su agenda para anunciar en Galicia que endurecerá el Código Penal en materia de incendios. Antes de hablar de la propuesta, Gallardón recordó que, de los 1.780 procedimientos por incendios provocados en 2010 en España, se dictaron 96 sentencias condenatorias. El titular de Justicia se escudó en el dato para anunciar un incremento de la pena máxima de prisión, de los cinco años a los seis. Se trata de casos en los que no se pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas, de lo contrario, la pena se mantiene como hasta ahora, de 10 a 20 años. El juez puede decretar la aplicación de distintas medidas preventivas, de considerarlo oportuno, ya que al extenderse la sanción, el plazo de prescripción del delito aumenta a 10 años. Así, los casos serán juzgados por la Audiencia Provincial y no por los juzgados de lo Penal, como en este momento.

El ministro también incluirá como circunstancias agravantes que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población; que sacuda zonas forestales con una flora y una fauna protegida; y que el incendio sea provocado cuando las condiciones climatológicas del terreno incrementen su riesgo de propagación.

La última de las medidas que ayer puso sobre la mesa el ministro es la introducción del artículo 358 bis en el Código Penal, que incluye la aplicación de sanciones sobre delitos contra el medio ambiente a los incendios por imprudencia, sean o no forestales. Esto supone la administración de condenas superiores en grado a las previstas cuando se trate de delitos contra espacios naturales protegidos, es decir, de entre seis y nueve años. El culpable tendrá que reparar los daños, y, en caso de que por iniciativa propia decida recomponer el material extraviado, se reducirá la condena.

Son solo algunas de las piezas del armazón con el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende acerar el Código Penal. Entre ellas también está la discutida introducción de la prisión permanente revisable. Será este mes cuando se harán las propuestas en el Consejo de Ministros, pero hasta “febrero o marzo” no será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Después de reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el ministro ha remarcado que la legislación no puede tratar los problemas del fuego solo desde su vertiente económica. “Tenemos que vincularlos directamente con la obligación que tenemos los poderes públicos de protección del ecosistema”, arguyó el ministro. Y recordó que la extinción de incendios genera riesgos objetivos para la salud de las personas. En la última década, se han producido 170.000 fuegos en todo el territorio español. De estos, entre el 73 y el 80% fueron “provocados por la mano del hombre”, expuso Gallardón.

Núñez Feijóo ha aludido a las reiteradas peticiones que desde Galicia se han hecho al Gobierno central para que se endurezcan las penas a los incendiarios. En 2010, el Parlamento gallego trató de trasladarle al Estado, por unanimidad, la necesidad de revisar las normas jurídicas punitivas para intensificar las sanciones y garantizar “el anonimato de los testigos”. Cada año en Galicia se destinan 100 millones de euros del Presupuesto autonómico a apagar incendios forestales. Feijóo confía en que la espera se zanje con esta nueva redacción del Código Penal, en la que se refleje que “el que queme, paga”. Explicó, además, que, en lo que va de año, se han detenido el doble de presuntos incendiarios que el mismo período el año pasado.

Por otra parte, con respecto al plan elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para concentrar en las ciudades el mapa de los juzgados, Gallardón mencionó que fue el Congreso el que solicitó la elaboración de este informe. Limitó su repercusión a texto “consultivo”, y avanzó que el anteproyecto del Gobierno central no comparte la solución a la que ha llegado el CGPJ. Pero no quiso estimar si se reducirán los partidos judiciales, solo que será un plan adaptado al siglo XXI.