Maroto asegura desconocer los vínculos entre Pizarro y FCC

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se mostró ayer especialmente escueto en una comparecencia ante los medios de comunicación al responder sobre cuestiones relacionadas con la actividad empresarial del exconcejal de Medio Ambiente José Antonio Pizarro (PP) y la empresa FCC, que ha logrado muchos contratos públicos en la última década en Vitoria.

En referencia a las informaciones publicadas por EL PAÍS sobre esta relación con la empresa adjudicataria del mayor contrato del Ayuntamiento de Vitoria, el servicio de limpieza de la ciudad, Maroto aseguró desconocer ese vínculo. El alcalde dijo con brevedad que había leído las informaciones publicadas por este diario y que está “esperando a ver si hay alguna información que lo aclare”. Asimismo, aseguró que es Bildu quien debe explicar la razón por la que advirtió días después de que la relación entre FCC y el Ayuntamiento es de "monopolio".

Por otro lado, Maroto reconoció ayer que su “decisión personal” de votar a favor de una iniciativa planteada por el resto de grupos de la oposición, de recurrir la orden publicada la semana pasada en el BOE con la que se revoca la decisión del Gobierno central anterior de cerrar la central nuclear de Santa maría de Garoña, no ha sentado bien a su partido. “¿Recibió muchas broncas el domingo [en el congreso provincial del partido en Álava]?”, le cuestionaron ayer. Tras un silencio, el alcalde reconocía: “bueno... vamos a decir que en los partidos tiene que haber espacio suficiente para discrepancias como esta”, respondió, recordando que ha tomado la decisión “como alcalde” y que, como tal, tiene “capacidad de decisión”. “A mi partido no le parece bien, pero a mucha gente de Vitoria sí, y yo soy el alcalde de todos”, clamó con solemnidad Maroto.

El regidor vitoriano aseguró que presentará el recurso “lo antes posible”, pese a que este irá en contra de la postura de su partido en las Juntas Generales alavesas, en el Parlamento y en el Gobierno central, cuyo Ministerio de Industria firmó la orden de revocación del cierre, previsto para verano de 2013, alargando la vida útil de Garoña hasta 2019. Otras ciudades, como Zaragoza, ya han anunciado su intención de dar este paso en contra de la decisión tomada por el Gobierno central.