Construya su casa en el campo… pero no pida ayuda al alcalde

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que permitirá construir una casa de campo en fincas que carezcan de protección medioambiental.

La norma, que será refrendada definitivamente en septiembre u octubre por la Asamblea regional, posibilitará construir una vivienda unifamiliar (de un piso como máximo) en parcelas rurales de más de seis hectáreas de superficie, y siempre que se encuentre a más de 250 metros de otras edificaciones.

“La ley del suelo de 2001 exigía que se declarara como protegido el suelo rural no urbanizable, aunque no hubiera razones que lo justificaran. Ahora vamos a aportar valor a esas fincas en desuso, al suelo en el campo sin protección ecológica”, ha explicado esta mañana la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño.

Su intención es facilitar el acceso a una vivienda a aquellos ciudadanos que desean vivir en el campo, y poner en uso las fincas rústicas en las que la ley hasta ahora impedía construir una casa. En opinión de Mariño, eso protegerá el medio ambiente, ayudará a evitar que las pequeñas localidades de la región se despueblen, y asistirá a ese 13% de madrileños que, según sus cálculos, buscarán una vivienda fuera de la corona metropolitana de aquí a tres años.

Eso sí, aquellos que quieran vivir “en contacto con la naturaleza”, como ha señalado el vicepresidente regional, Ignacio González, deberán correr con los gastos que ello suponga. La ley le prohíbe expresamente exigir a la Comunidad o al ayuntamiento correspondiente que sufraguen la construcción de accesos, el suministro de electricidad, agua y gas, o la recogida de basuras.

Mariño se ha esforzado en desmentir que este cambio normativo permita construir en espacios protegidos o de valor ecológico como los parques regionales o el hayedo de Montejo. El anteproyecto de la ley sí contemplaba hacerlo en suelo rural protegido, pero esa idea finalmente no salió adelante.

La norma cuenta en cualquier caso con la oposición, entre otros, de Ecologistas en Acción, que considera que sólo beneficia a los propietarios de grandes parcelas, dañará el medio ambiente de forma irreversible y destruirá la economía agraria. Añade esta organización además que resulta innecesaria, puesto que, en su opinión, existen miles de parcelas no ocupadas en urbanizaciones dispersas.