El Gobierno denuncia que Gipuzkoa ha retirado ayudas a 3.100 pensionistas
La Diputación de Gipuzkoa pide al Ejecutivo "que no proyecte sobre los demás sus miserias"
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha difundido esta mañana un comunicado denunciando que la Diputación de Gipuzkoa ha dejado sin ayudas a 3.100 pensionistas que hasta ahora recibían cantidades que oscilan entre los 53 y 143 euros para complementar sus bajas pensiones. Esta retirada "puede ocasionar un grave perjuicio" a las personas afectadas, según el Ejecutivo autonómico, un colectivo "muy vulnerable" compuesto por mayores y discapacitados principalmente.
Gipuzkoa envió una carta a los perceptores para que acudiesen a Lanbide a solicitar otra ayuda
La Diputación de Gipuzkoa ha contestado horas después pidiendo al Gobierno "que no proyecte sobre los demás sus propias miserias, porque no todas las adminisraciones actuamos igual", recordando los recortes que el Ejecutivo ha realizado en ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos y asegurando que ellos han "triplicado" el presupuesto para estos subsidios. El diputado Ander Rodríguez ha señalado que el ente foral guipuzcoano sigue la estela de Álava y Bizkaia al eliminar estas ayudas para complementar las bajas pensiones y ha negado que estén realizando recortes.
Con la reforma de las ayudas sociales de Gipuzkoa, desde el 1 de julio la Diputación, de Bildu, ha retirado estos complementos, algo que Álava y Bizkaia ya han realizado con anterioridad "para evitar duplicidades". Y es que, con la entrada en vigor de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, aprobada en diciembre de 2008, se creaba una modalidad de ayuda nueva dentro del sistema de garantía de ingresos -cuyo pago depende del Gobierno vasco- que venía a completar las bajas pensiones. La entrada de pensionistas a este sistema hizo crecer el número de perceptores de ayudas sociales (hoy en día un tercio de los casi 58.000 son pensionistas). Por ello, Gipuzkoa apelaba a las personas a las que remitió la carta a acudir a Lanbide, que ahora gestiona estas ayudas, para solicitarlas.
Sin embargo, el departamento alertaba esta mañana de que "la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no sustituye de manera automática dichas prestaciones ya que no todas las personas afectadas por el recorte de Gipuzkoa cumplirán los requisitos de entrada en su variable de complemento de pensiones". Apuntaba así a ese posible "grave perjuicio" hacia las 3.100 personas afectadas por el fin de la ayuda guipuzcoana, de las que algunas se quedarían, según Lanbide, sin ayudas entre el sistema foral y el autonómico. Por todo ello, y ante la decisión "unilateral", el Servicio vasco de Empleo ha pedido una reunión con la diputación para solucionar el problema.
El viceconsejero de Empleo ve en este cambio una "maniobra" para "recortar los fondos de atención a nuestros mayores"
“Antes de empezar a gestionar la AGI [la nueva ayuda social guipuzcoana], la Diputación de Gipuzkoa está retirando ayudas a un colectivo muy vulnerable de la sociedad guipuzcoana y encima, por la puerta de atrás", indica el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, en la nota de prensa. Ruiz ha acusado a Gipuzkoa de actuar de manera "censurable desde el fondo y desde la forma" y "poco transparente". También ha apuntado que esta puede ser "una maniobra [...] para reducir y recortar los fondos de atención a nuestros mayores”.
Con esta denuncia, las ayudas sociales vuelven a ser motivo de polémica entre el Gobierno y las diputaciones. El choque con Gipuzkoa no es nuevo, ya que la institución foral ha sido muy crítica con los cambios que el Gobierno vasco ha introducido en la legislación de ayudas sociales, a través de una modificación pactada con el PP que endureció los requisitos de acceso sobre todo para los inmigrantes. De hecho, ha reformado su sistema de ayudas sociales creando la AGI, que viene a cubrir los espacios que han quedado sin cubrir por la RGI con los últimos cambios legales. A las críticas de la diputación por la reforma legal de la RGI se ha sumado el malestar del Gobierno vasco por la creación de la AGI.
Este es el enésimo choque entre instituciones vascas con motivo de las ayudas sociales. Durante el mes de junio, el departamento de Gemma Zabaleta y la Diputación de Bizkaia han protagonizado un tenso enfrentamiento por la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos por parte de esta última. El Ayuntamiento de Vitoria y Lanbide también se han enfrentado por los retrasos en la gestión de ayudas, un desencuentro que ya ha sido resuelto.
