La oposición y Salvem piden un plan que no expolie El Cabanyal
La plataforma vecinal avisa de que el recurso de Barberá traerá más degradación
Los vecinos de El Cabanyal siguen sin poder despejar su futuro. La sentencia de la Audiencia Nacional, que avala la orden del Ministerio de Cultura que protege el singular barrio de los derribos, no traerá la paz al barrio. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, anunció que la recurrirá al Tribunal Supremo. “El recurso traerá más degradación y conflicto al barrio”, coincidieron este viernes la oposición municipal al completo —PSPV, Compromís y EU— y la plataforma Salvem el Cabanyal.
Adelina Serna, abogada de la plataforma, resumió que el fallo de la Audiencia Nacional es claro, el Ministerio tiene competencias para dictar la orden, no invade la autonomía municipal de Barberá, y en su elaboración no hubo actuación arbitraria ni desviación de poder, como argumentó el Ayuntamiento en el recurso presentado en 2010 contra la orden firmada por la ministra Ángeles González-Sinde. La jurídica insinuó que si el Gobierno de Rajoy toca la orden ministerial “podríamos estar hablando de prevaricación”.
El PEPRI [plan especial de protección y reforma interior del Cabanyal] es en estos momentos ilegal”, argumentó la abogada, que recordó que en estos momentos hay 21 personas pendientes de un juicio de faltas por defender en 2010 la orden ministerial. Decenas de personas, apoyadas por concejales y diputados de la oposición, intentaron frenar los derribos de edificios ordenados por el Ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con la orden ministerial. No lo consiguieron y el gobierno local logró tumbarlos.
El fallo “hace difícil que Rajoy enmiende al anterior Gobierno”, subraya la oposición
“Hemos remitido una carta a la alcaldesa donde pedimos diálogo y que se siente a negociar y revisar el plan de la prolongación que aprobó el Consistorio”, añadió el dirigente de Salvem Faustino Villora. El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, Vicent Gallart, hizo un llamamiento a todos los vecinos “a luchar contra la degradación” que provocan los solares y edificios de propiedad municipal. La asociación ha denunciado a las concejalías de Sanidad y Urbanismo que se adopten sanciones por la falta de higiene en algunas calles del barrio.
Los grupos municipales de la oposición emplazaron a la regidora a dejar atrás una posición que calificaron de numantina y a reformular un plan que en lugar de abrir una avenida por mitad del barrio, lo rehabilite. “La orden ministerial solo le decía lo que no podía hacer, no lo que podía hacer”, remarcó el socialista Vicent Sarrià, que reclamó a Barberá que no utilice a los vecinos de El Cabanyal como rehenes del conflicto. “Que acate la sentencia y no recurra porque si lo hace solo alargará la agonía del barrio”, apostilló.
Para Consol Castillo, del grupo Compromís, el fallo de la Audiencia Nacional dibuja un nuevo escenario para regenerar el barrio. “Su tiempo [el de Rita Barberá como alcaldesa] está agotándose y los vecinos del Cabanyal se merecen una situación de normalidad que no existe”. Amadeu Sanchis, portavoz del Grupo de EU, añadió que la sentencia certifica que la única responsable de la parálisis y degradación de la zona es de Barberá. “Son muchos los vecinos que ya no están en la dinámica de la prolongación”, dijo Sanchis, que recordó que hace años que no hay capital privado involucrado en el plan.
Según Sanchis, esta nueva sentencia hace muy difícil que el presidente Mariano Rajoy enmiende la plana al anterior Gobierno español, del PSOE. Los tres grupos de la oposición en el Consistorio exigieron al gobierno local, del PP, que no gaste más dinero público en comprar casas que luego derriba.
El conflicto sobre el que la Audiencia Nacional se ha pronunciado estalló en 1999, cuando la plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar solicitó al Ministerio de Cultura medidas contundentes para evitar el expolio que supondría en el barrio de El Cabanyal la ejecución del PEPRI, después de que esta zona hubiera sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de conjunto histórico. En 2001 se aprobó el plan, la plataforma lo recurrió y, al final, el Tribunal Supremo emplazó al ministerio a dictar un informe pronunciando sobre si había expolio. El Gobierno del PSOE respondió con la orden ministerial de 2009 que paralizó el plan urbanístico.
Los vecinos hacen un llamamiento a luchar contra el deterioro del barrio marinero
La orden de Cultura establece que con el plan en vigor existe expolio del conjunto histórico del barrio y declara la obligación del Ayuntamiento de suspenderlo de forma “inmediata, en tanto se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos”.
La polémica en torno a la singular trama histórica del barrio de pescadores es conocida internacionalmente. La fundación americana World Monuments Fund la incluyó en su lista vigía como patrimonio amenazado. No fue la única. La asociación Hispania Nostra, dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español y su entorno, la ha metido también en su lista roja. Las razones que Hispania Nostra, cuyo patronato preside la reina Sofía, dio entonces para señalarla fueron la “intención del Ayuntamiento de Valencia es llevar adelante el PEPRI”.
El Tribunal Constitucional tiene pendiente otra causa relativa al barrio de Valencia. Debe decidir si la ley con la que el Consell contrarrestó la orden de la ministra de Cultura González Sinde es inconstitucional.
“Que sea legal no significa que no pueda derogarse”
Que una orden “sea legal” y “ajustada a derecho”, enfatizó este viernes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, “no significa que no pueda ser derogada o sustituida por otra”. Perdida la batalla en los tribunales contra la orden de Sinde —la recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo—, la regidora explicó que trabaja en esta línea y para darle credibilidad puso ejemplos. Barberá se refirió a cuando el socialista José Luis Rodríguez derogó el trasvase del Ebro por decreto ley en 2004. O cuando el Gobierno del PSOE derogó la Ley de Calidad de la Enseñanza.
Ni la crisis ni la falta de interés privado en el plan de la prolongación han conseguido que la regidora abandone, al menos en sus manifestaciones públicas, la defensa cerrada de la obra. “Los vecinos me han votado mayoritariamente y en mi programa está la prolongación de la avenida”, subrayó.
Barberá, que aludió a una docena de sentencias a favor, nueve del TSJ y tres del Supremo, apuntó con el dedo a la actual subdirectora general de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. “Cómo lo va a ser [llevar adelante el PEPRI del Cabanyal], si los que tienen que informar” ahora sobre la situación en la Administración central “son los mismos que estaban antes con Zapatero”.
La regidora insistió en que hará todo lo que tenga que hacer para seguir adelante con el plan urbanístico. “Si ellos han planteado recursos, ¿por qué no vamos a seguir nosotros?”, planteó. “Esto es una democracia”, agregó.
Vistas las interpretaciones que había recibido el fallo de la Audiencia, Barberá ofreció la suya. “Esta sentencia ha dejado las cosas como estaban en la orden ministerial. No podemos hacer nada. Esta sentencia que tanto ha gustado a unos, deja una vez más en absoluta paralización al Cabanyal”, insistió. Con estas palabras, la regidora dejó claro que su gobierno seguirá aplicando la orden de forma restrictiva, con las licencias suspendidas.
El fallo llega cuando la Asociación de Vecinos del Cabanyal denuncia la falta de limpieza y seguridad en el barrio, sobre todo en los solares de propiedad municipal, muchos de ellos ocupados ilegalmente. Barberá lanzó un guiño a los vecinos al anunciar que ha dado orden a las concejalías de que mantengan la zona en las “mejores condiciones de limpieza, salubridad y seguridad”.
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