La Guardia Civil desembarca en el hospital de Sant Pau de Barcelona

El juez que indaga las presuntas irregularidades en la gestión del hospital de Sant Pau de Barcelona ha encargado a la Guardia Civil que asuma parte de la investigación. En un auto, el juez Juan Emilio Vilá Mayo considera que la extensión de la causa "exige una actuación policial de ayuda a la instrucción" y encomienda esa tarea a la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona del instituto armado, que deberá elaborar de entrada un atestado sobre las actuaciones.

La investigación se centra en las retribuciones, presuntamente irregulares, de exdirectivos y patronos del Sant Pau. El caso más sangrante es el del ex gerente adjunto Ricard Gutiérrez, que siguió cobrando durante siete años a pesar de que había dejado el cargo en 2004. Los expatronos Joan Ros Petit y José Ignacio Cuervo, por su parte, también obtuvieron retribuciones pese a que la ley catalana de fundaciones les prohíbe hacerlo. Uno de los imputados que han declarado hasta ahora ante el juez, el exgerente Jordi Varela, defendió la legalidad de los honorarios de todos ellos y dijo que están justificados porque desarrollaron trabajos para el hospital.

Pero además de esas retribuciones, la investigación "se extiende a diversas áreas", dice el juez, lo que hace precisa la colaboración policial. Por ejemplo, "la relación orgánica entre las distintas fundaciones y su incidencia en la solvencia del centro hospitalario". Ese es uno de los puntos en los que hace hincapié la denuncia presentada en su día por una facultativa del hospital, Carmen Pérez, y también por la Asociación de Profesionales de la Enfermería (API, en sus siglas en catalán).

El hospital de Sant Pau está dividido desde 1992 en dos fundaciones: la "gestora", que se encarga del funcionamiento diario del centro sanitario, y la "patrimonial", que gestiona su amplio patrimonio inmobiliario. Según los denunciantes, los recursos de la patrimonial no fluyen hacia la fundación gestora, por lo que esta se halla siempre en situación de déficit presupuestario. El juez ya ha solicitado toda la documentación sobre los estatutos y las cuentas de esas dos fundaciones, a las que más tarde se sumó una tercera, la de investigación.

El magistrado recuerda que también investiga "los supuestos contratos irregulares en la adjudicación de obras y servicios". En un contrato adjudicado a dedo, el hospital encargó a la multinacional Philips la compra de todo tipo de mobiliario y de equipo médico por 5,1 millones de euros. El juez reprocha en su auto, sin embargo, que toda la investigación "parte de supuestos hipotéticos, no siempre precisos", que se recogen en las denuncias.