Plan de emergencia

Sin dinero no hay Estado. Esto es algo de lo que fue muy consciente el constituyente de los Estados Unidos de América. “El dinero ha sido considerado, con razón como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y que le permite ejecutar sus funciones más vitales”. En estos términos se expresaría El Federalista en su número XXX, primero de los dedicados al poder tributario de la federación. El primer país del mundo que se constituyó democráticamente ha tenido el éxito que ha tenido, entre otras razones, porque tuvo presente desde el primer momento que, constituyéndose como una federación, tenía que mirar de frente al problema de la financiación. Ningún país políticamente descentralizado puede operar establemente sin que ese problema esté resuelto de una manera que sea aceptada de forma mayoritaria tanto por el todo como por las partes que lo constituyen.

Sin un consenso territorial sobre la financiación no es posible que un Estado políticamente descentralizado pueda asentarse. Los ciudadanos del Estado y de las distintas comunidades autónomas necesitan tener la percepción de que el esfuerzo de financiación del Estado es equitativo.

Esto es así siempre, pero mucho más cuando el Estado tiene que enfrentarse a una situación de emergencia, como le está ocurriendo a España en estos momentos. La crisis económica está afectando ya a la ejecución “de las funciones más vitales” del Estado, incluyendo en dicho concepto también a las que tienen que ejecutar las comunidades autónomas. Es necesario un esfuerzo suplementario para que dichas funciones puedan seguir siendo ejecutadas o hay que reducir el contenido y alcance de las mismas.

En esas estamos en este momento. Ya nadie discute que estamos ante una situación de emergencia. Lo único que cabe discutir es cómo hacer frente a la misma. Este debería ser el centro del debate. Debate que exigiría la participación conjunta de los órganos constitucionales a través de los cuales se expresa la voluntad del Estado como la de aquellos a través de los cuales se expresa la voluntad de las comunidades autónomas.

Hace ya algo más de seis meses que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Es tal vez poco tiempo para exigirle responsabilidad por su gestión de la crisis, pero no lo es para que hubiera puesto ya en marcha un procedimiento para analizar conjuntamente entre el Estado y las comunidades autónomas cuál es la estrategia que se tiene que seguir y cómo hay que transmitir conjuntamente a los ciudadanos cómo se van a distribuir entre todos los costes necesarios para hacer frente a la emergencia.

Lo más preocupante de la situación es que carecemos de un plan consensuado, política y territorialmente, sobre cómo tenemos que enfrentarnos con el problema. Si estamos ante una situación excepcional, por qué, además de hacer un debate en el Congreso de los Diputados con toda la información disponible en la materia, no se convoca una conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, a fin de que dichas comunidades puedan participar en cuanto tales en la definición de la estrategia que se ha de poner en marcha.

No es momento ni de que el Estado les mande a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer, dejando en suspenso de facto el ejercicio del derecho de autonomía, ni que cada comunidad autónoma actúe por sí sola sin coordinación con las demás. El Estado y las comunidades autónomas tienen que demostrar en este momento de crisis que el Estado Autonómico es un Estado y que la idea del constituyente de 1978 de que a través del ejercicio del derecho a la autonomía es como puede hacerse más efectiva la unidad política de España sigue estando vigente, como lo ha estado en estos últimos treinta años largos. Para eso es necesario que el Estado Autonómico pueda expresarse como tal en su complejidad.