Lanbide retira las ayudas sociales a uno de cada diez perceptores
Suma 5.600 subsidios suspendidos este año, con los que prevé un ahorro de 48 millones
En seis meses de gestión de las ayudas sociales, Lanbide ha iniciado la suspensión de las dos principales ayudas sociales —la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda— a una de cada diez personas que las reciben, unas cifras que mitigarán el fuerte incremento de concesiones de ayudas que se está registrando debido a la crisis, con 58.000 familias.
El Servicio vasco de Empleo ha dado a conocer hoy los datos de la segunda oleada de control de los perceptores, que se ha saldado con la suspensión cautelar de la ayuda a 3.637 nuevas familias. Sumadas a una ronda anterior, de 2.031 personas ilocalizadas, son 5.668 familias, el 9,7% del total de perceptores, casi uno de cada diez.
La segunda oleada de suspensiones alcanza a 3.600 familias
Los motivos son tres: la negativa a entrar en un plan de empleo —787—, el rechazo a acudir a una cita con el orientador laboral de Lanbide —2.780 casos, a los que a partir del próximo curso se podrían sumar nuevos casos, ya que solo se ha iniciado el proceso con 19.000 de los 27.000 perceptores previstos— o estar ilocalizable cuando el Servicio vasco de Empleo trató de contactar con estas personas para ofrecerles una de estas dos vías. Estos supuestos están recogidos en la Ley para la Garantía de Ingresos como condiciones para recibir las ayudas, bajo el paraguas de la obligación de estar disponibles para el empleo y la exigencia de suscribir un convenio de inclusión en el que se comprometen a participar en el proceso de activación. Hay algunas salvedades, como las personas en alta exclusión.
Rechazaron entrar en un plan de empleo o la orientación laboral
A estas suspensiones se suma el sorprendente caso de 70 delincuentes que antes de diciembre fueron expulsados del país por diez años y que seguían cobrando ayudas. Entre los 3.600 casos hay algunos como el de un perceptor de Bizkaia, que no consta que haya acudido a los servicios sociales desde hace siete años.
El porcentaje de rechazos es muy superior a las negativas que tuvo una prueba realizada con la RGI en ocho municipios entre 2010 y 2011, en los que las negativas fueron residuales. Ayer, desde los colectivos sociales que trabajan con las personas que reciben ayudas calificaban como “prácticamente imposible” que se haya dado semejante número de negativas. Dentro de la segunda oleada de controles, centrada en la formación y en la activación para el empleo, también se encuentran personas ilocalizadas, aunque Lanbide no quiso dar la cifra. Estas podrían ser, según reflexionaban fuentes que conocen el proceso, algunas de las que en la primera criba reaparecieron —en un principio no se localizó a 7.000 pero 5.000 aparecieron cuando se anunciaron las suspensiones— para certificar su lugar de residencia en Euskadi. Algunas de estas habrían vuelto a resultar ilocalizables al tratar de ser contactadas para ser activadas.
Lo que dice la ley
- La Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión social establece unos requisitos para pedir ayudas sociales y unas obligaciones que los perceptores tienen que cumplir mientras las reciben.
- Entre las obligaciones está la de estar disponible para el empleo. Además, hay que firmar un convenio de inclusión activa en el que el perceptor se compromete a participar en actividades de formación y búsqueda de trabajo. No cumplir con él supone una suspensión (temporal) de la prestación.
El resultado final es que 5.668 familias van a ver cómo entre los meses de junio, julio y agosto dejan de recibir en sus cuentas entre 604 euros y 858, dependiendo del tipo de familia que sea. En un comunicado remitido a los medios ayer, el Gobierno aseguraba que esta segunda “operación de control” supondrá un ahorro anual de 30,6 millones, que se sumarían a los 17,28 millones de la anterior. En total, 47,88 millones anuales —aunque son suspensiones que, un mes después, y tras subsanar el incumplimiento, se pueden eliminar y, por tanto, se recupera la ayuda—, el 12,3% del presupuesto.
Estar disponible para el empleo es una de las obligaciones que recoge la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. No solo para los titulares de una prestación, ya que, al entenderse que toda su familia es beneficiaria todos los mayores de 23 años que no estudien o que no tengan una discapacidad deben formar parte de las actividades de orientación y formación de Lanbide. La ley es ahora más estricta con los perceptores, porque desde diciembre de 2011, cuando fue modificada la ley de 2008, está incluida la obligación de aceptar un “empleo adecuado”. Al rechazarlo, se extingue el derecho a recibir la RGI.
Lanbide ha realizado la criba de la orientación con 19.000 de los 27.000 perceptores de la RGI que pueden ser activados. Aaún quedan otros 8.000 que empezarán a ser llamados el próximo curso. Entre ellos, Lanbide estima que habrá nuevos rechazos.
A vueltas con las suspensiones
La Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social establece que “la suspensión del derecho a la renta de garantía de ingresos implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de suspensión y se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma”. En un comunicado, Lanbide explicaba hoy que las suspensiones cautelares se harán en julio. Preguntados sobre cuándo se han enviado las notificaciones a los perceptores, señalaron que estas se están realizando “ahora”, en julio y reiteraron que la "mayoría" de las ayudas se suspenderán en la nómina de este mismo mes. Cuestionados por la literalidad de la ley, que teóricamente retrasaría la suspensión de los pagos hasta agosto, desde el Servicio vasco de Empleo explicaron el mecanismo que emplean: el procedimiento habitual es notificar al perceptor, darle 15 días para presentar alegaciones, resolverlas, notificar el sentido de esta resolución y, en su caso, retirar el pago. Desde los colectivos sociales insistían ayer en señalar que “Lanbide se está saltando los pasos para realizar las suspensiones cautelares” y aseguraban que el hecho de no acudir a una cita con el orientador —motivo por el cual automáticamente se recoge en el sistema informático la suspensión cautelar—. En numerosas recomendaciones y en el pleno monográfico sobre su actuación en el Parlamento, el Ararteko pidió una “reflexión” sobre la forma en que se realizan estos procesos.
Entre los perceptores suspendidos, el 79,82% es de Bizkaia, el 11,34% de Gipuzkoa y el 8,84% de Álava. El único que aumenta en el porcentaje respecto a la primera oleada, la de los ilocalizados, es Bizkaia.
