Los detenidos por los sabotajes en el metro: “Nos trataron como a terroristas”

Tres de los seis detenidos por los sabotajes del Metro en protesta por el tarifazo, su abogado y una vecina de Lavapiés que los apoya han ofrecido esta mañana una inusual rueda de prensa en un centro social del barrio para denunciar una "campaña mediática" diseñada por la Delegación del Gobierno de Madrid contra ellos y contra todo el que se atreva a disentir de los recortes. "Nos han tratado como a terroristas", ha sostenido uno de los afectados, que vinculan el trato que han recibido con una campaña para "disuadir a la ciudadanía de nuevas protestas". También critican la cobertura de los medios de su detención y avanzan que denunciarán a algunos. La Delegación considera que la actuación policial fue correcta y declina entrar a valorar las cuestiones planteadas por los detenidos, según un portavoz.

Los jóvenes no se han identificado con nombres y apellidos durante la comparecencia. Luego han confirmado que tienen entre 20 y 27 años, que son "trabajadores y estudiantes" y que viven en Lavapiés. Sus críticas van más allá de la actuación policial. También han reprobado la cobertura de los medios de comunicación de su arresto, publicando "inmediatamente y sin contrastar" la versión policial e imágenes de los detenidos. Hoy han querido ofrecer una versión distinta a "la transmitida hasta ahora por los medios de comunicación de masas" y también que sirviera como "desagravio" a los afectados.

El pasado día 22, la policía detuvo a cinco hombres y una mujer como supuestos autores de los sabotajes, en los que no hubo ni altercados ni heridos y que se saldaron con ligeras demoras en el servicio. El primer acto se registró el 25 de abril, cuando un grupo de personas tiró al mismo tiempo del freno de seguridad en 13 convoyes de nueve líneas de metro cuando estos estaban parados en las estaciones. El segundo, que quedó en una intentona irrelevante, se produjo el 8 de mayo, y el tercero y último, el 29 de mayo y se pararon 10 convoyes de siete líneas. En ninguno de los actos de protesta hubo ni heridos ni altercados.

Los seis detenidos en la operación, que fue bautizada Nido, están acusados de los delitos de coacciones —de seis meses a tres años de cárcel o una pena de 12 a 24 meses de multa— y desórdenes públicos —suele quedar en multa si no hay antecedentes por hechos similares pero también en una pena de seis meses hasta cinco años de prisión si se considera que causaron "un grave daño para la circulación ferroviaria", como sostiene Metro de Madrid en su denuncia—. Aunque se estudió hacerlo, finalmente no se les imputó el de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita está penado para los dirigentes con entre tres y seis años de cárcel y, para los integrantes, de dos a cinco años.

En un comunicado, los jóvenes explican que el día 22, alrededor de las siete de la mañana, "20 o 30 policías antidisturbios irrumpieron en un piso de Lavapiés, donde detuvieron a dos personas". A otros dos les llamaron al móvil. Con "amenazas y chantajes del tipo "[o vienes al piso o] voy ahora mismo a casa de tus padres y lo pongo todo patas arriba" por parte del jefe de la brigada policial", los arrestados aseguran que los obligaron a acudir a la vivienda, sin informarles de que estaban detenidos ni darles la opción de acudir voluntariamente a la comisaría.

"Una vez allí, nos obligaron a salir esposados, asegurando que era por nuestra seguridad", ha declarado  uno de ellos, para añadir que, a su juicio, todo iba dirigido a incrementar la espectacularidad de la "campaña mediática". Este diario ha contactado con la Delegación del Gobierno en Madrid para conocer su versión sobre esta afirmación, que ha rehusado ofrecer más allá de calificar como correcta la actuación policial.

Denuncias contra medios

Los acusados también han denunciado que a algunos se les sacó de la cama de forma agresiva y fueron esposados en el salón, pero sobre todo se han mostrado sorprendidos porque al bajar les esperaran "todos los medios" en el portal. "Yo me pregunto, ¿quién les ha llamado?", ha espetado uno de ellos. "Varios medios han reflejado cosas que están completamente fuera de lo normal. A lo mejor sí denunciamos a algunos de ellos, pero todos han formado parte de ese circo, con nuestras fotos", ha señalado otro, mostrando su decepción por no poder acusar formalmente "a quien ha dirigido todo esto, que no es un medio de comunicación", en alusión a la Delegación del Gobierno.

Sobre las declaraciones del Gobierno regional, que ha llegado a compararlos con la kale borroka, han opinado que es "desproporcionado", "sobre todo teniendo en cuenta el momento en que estamos y las cosas que están haciendo cosas peores y que sale de rositas, como dice Esperanza Aguirre". Tras el primer sabotaje, los activistas ya denunciaron una campaña de criminalización y represión contra ellos. Se referían aparte de a las palabras de Esperanza Aguirre —"No se van a ir de rositas. Este acto no puede quedar impune. Han puesto en peligro la vida de los viajeros "—, a las de Cristina Cifuentes —"se enfrentan a sanciones administrativas y todas las consecuencias que se deriven del Código Penal"—, Regina Plañiol —"a la policía no le va a temblar el pulso y va a actuar con contundencia contra estos grupos antisistema violentos y organizados"— y a las de Ignacio González —"Es un acto vandálico y concertado de personas que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos"—.

También la vecina de Lavapiés, que tampoco ha dicho su nombre, ha considerado que se trata de una acción que no puso en riesgo las personas ni las instalaciones y que pretende visibilizar "un conflicto real": la pérdida de derechos y la rebaja de la calidad de vida de la ciudadanía. Para ella, actuaciones como estas detenciones persiguen "quitar las ganas" a quienes luchan "contra las medidas draconianas" que se están tomando y no son aisladas, sino una tendencia en el barrio de Lavapiés: "Se está criminalizando todo movimiento organizado no formal". A la vez, ha apelado a la profesionalidad de los periodistas a la hora de tratar informaciones como la de las detenciones, como "valor esencial de la democracia".

En cuanto a la posible colaboración del 15-M con la Policía para delatarlos, han asegurado que solo tienen noticia de esa posibilidad por los medios y lo consideran una posible "artimaña para manipular". "Dudo que suceda así", ha señalado uno de ellos.

Además de estos seis arrestados, una mujer de 32 años y dos hombres de 24 y 30 fueron detenidos el 26 de abril como presuntos responsables de la primera protesta y puestos en libertad con cargos de desórdenes públicos al día siguiente. Al margen de la vía penal, se enfrentan a la administrativa, que castiga actos individuales de vandalismo con sanciones. La Ley de Ordenación del Transporte prohíbe usar "sin causa justificada" los mecanismos de parada de los trenes. Las multas pueden oscilar entre 6.000 y 30.000 euros.

El abogado de cinco de los seis detenidos que han comparecido hoy, Erlantz Ibarrondo, ha señalado que considera "difícilmente incardinable la acción que han realizado las personas que la hayan realizado [en referencia a las acciones de sabotaje en el Metro], con los tipos penales que castigan tanto los desórdenes públicos como las coacciones. Por eso, ha considerado que en caso de que el juicio se celebre, por estimar poco probable que la causa se archive, están convencidos de que derivará en la absolución de los afectados. Los comparecientes hoy no han aclarado si se declaran culpables o no: "Cada uno sabe qué hizo y qué no hizo. Lo importante es que aunque lo hubiéramos hecho todos o no lo hubiéramos hecho ninguno, todo fue igualmente desproporcionado".