El juez sospecha que un directivo de Emarsa falsificó firmas

El juez del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha recibido ya las pruebas periciales caligráficas que solicitó después de que varios imputados por el saqueo de la depuradora de Valencia declarasen que sus firmas habían sido falsificadas. El resultado es que, efectivamente, algunas de las firmas atribuidas al exgerente de la empresa pública Emarsa Esteban Cuesta fueron simuladas. Y que lo mismo ocurrió con parte de las que se consideraban del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, exdirectivo de Emarsa y posteriormente proveedor de la misma, Juan Carlos Gimeno.

Los calígrafos no han podido determinar, sin embargo, la autenticidad o no de la mayor parte de las firmas que debían analizar. Fuentes del caso advirtieron hace ya meses que las firmas de numerosos documentos serían difíciles de revisar porque eran meros garabatos.

El juez ha solicitado ahora que se someta al mismo análisis la escritura del exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal, por si fuera este el autor de las falsificaciones.

El motivo es que buena parte de los documentos con firmas falsificadas eran facturas emitidas a Emarsa por Arrima Centre d’Estudis, del que es propietario el hermano de Enrique Arnal, Antonio José, también imputado en la causa. Se da la circunstancia de que todas estas llevan, además, el sello de “Conforme-calidad-precio” del departamento administrativo y financiero que dirigía el propio Enrique Arnal y por tanto “han pasado en principio por el control de dicho departamento”, señala el juez.

El instructor solicita al Gobierno datos sobre el destino de los lodos

El análisis caligráfico sí ha demostrado, en cambio, que parte de las facturas que el exgerente Esteban Cuesta negaba haber autorizado sí llevaban su firma.

Como parte de las atribuidas a Gimeno no han podido ser clarificadas en este primer análisis, el juez le requiere que aporte “documentos firmados por su puño y letra ante organismos oficiales y que puedan obrar en los archivos de tales organismos en el periodo comprendido entre 2003 y 2005”. El instructor requiere paralelamente a la Agencia Tributaria “cuantas escrituras públicas fueran otorgadas con la intervención de Gimeno” en el mismo periodo. El motivo es que los peritos, para realizar el cotejo, necesitan “firmas indubitadas” del imputado, a ser posible de la misma época en la que sucedieron los hechos.

El juez ha ordenado también una nueva batería de diligencias. Entre ellas, que se solicite al Ministerio de Agricultura toda la información disponible en el Registro Nacional de Lodos o en otro archivo, sobre el destino de los fangos de la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2010.