La Generalitat ofreció empleo a familiares de las víctimas del metro

La Generalitat ofreció empleo a familias de los fallecidos en el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos. El entonces consejero de Agricultura y actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, se desplazó a varios domicilios de Torrente entre la segunda quincena de julio y octubre de ese año.

En al menos dos de esas visitas, el dirigente popular llegó a sugerir un trabajo a los allegados directos de las víctimas, según cuatro asistentes. Cotino defendió en estos encuentros, de media hora de duración, la tesis oficial del siniestro sustentada por el Consell de Francisco Camps —el accidente fue inevitable e impredecible— y se interesó por la situación laboral de los hermanos de los fallecidos.

“Les preguntó a mis dos hijos si trabajaban o estudiaban [uno preparaba una oposición]. Y que si necesitábamos algo, solo teníamos que llamarle. Mi hijo mayor contestó que se querían ganar el trabajo a pulso, sin ayudas”, recuerda la madre de una fallecida. La respuesta precipitó el fin del encuentro: “Les dijimos adiós muy buenas y enseguida les dimos puerta. No queríamos verles”, recuerda esta mujer, que pide el anonimato “para no tener más problemas” y enmarca la visita como un intento para contentar a las familias, que por entonces se organizaban para recurrir a la vía penal contra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y constituir una asociación.

El regidor del PP de Torrent José Miquel niega las ofertas laborales

Leonardo Pedrero, de 44 años, que perdió a su padre en el mortal descarrilamiento, también recibió una propuesta laboral. “A mi casa de Torrente no llegó a ir Cotino, sino un funcionario de la Generalitat, que le ofreció a mi madre un trabajo donde yo quisiera”, asegura.

El expresidente de la Asociación de Víctimas 3 de Julio (AV3J) Enric Chulio conoce desde hace años el episodio de las visitas. Se lo contaron los afectados. “Le doy credibilidad, ya que lo han explicado varias veces”, afirma. Chulio perdió a su esposa y relaciona los encuentros con la “preocupación de la Generalitat de que se descubriese su mala gestión durante el accidente”.

Cotino declinó responder a la llamada de EL PAÍS pero confirmó, a través de un portavoz, que se reunió con familiares de las víctimas en Torrent, donde residían 21 de los fallecidos. En su ronda de visitas le acompañó el entonces concejal del PP en la oposición y actual teniente alcalde del municipio José Santiago Miquel Soriano. Este regidor niega que durante los encuentros se realizasen ofertas laborales y enmarca los contactos en un “gesto” hacia las víctimas. “El actual presidente de las Cortes demostró una gran humanidad”, remarca.

El marido de una víctima mortal resta generosidad a la iniciativa. “Venían de manera interesada, para que nos retirásemos del procedimiento judicial. No me lo pidieron textualmente, pero hay muchas formas de decir las cosas”, recuerda. En la citada reunión, en la que participaron tres familiares de una fallecida de Torrent, el portavoz de la Generalitat llegó a ofrecer un trabajo “en una empresa pública o privada” al hijo de la víctima, que entonces estudiaba. A los tres días de la cita, según este relato, el viudo recibió una llamada telefónica nocturna de un responsable del PP local, entonces en la oposición, para preguntarle si se replanteaban el ofrecimiento. “Le contesté que lo tenía pensado desde el principio y que no me volvieran a llamar. Por supuesto que rechacé la oferta, tuve la sensación de que me estaban comprando”, concluye.

“Con la visita de Cotino no percibí nada. Fue tras la llamada cuando noté que querían contentarnos”, añade la hermana de la víctima, que pertenece a la AV3J.

Considerada la mayor tragedia de metro de España, el descarrilamiento del convoy de la línea 1 entre las estaciones de Plaza de España y Jesús (rebautizada por el Consell como Joaquín Sorolla-Jesús) de Valencia causó 43 fallecidos y 47 heridos. El tren circulaba a 80 kilometros por hora, el doble de la velocidad permitida en la curva mortal. La juez Nieves Molina archivó definitivamente en diciembre de 2007 la investigación al considerar que la responsabilidad penal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se extinguió con la muerte del maquinista. La decisión judicial exculpa a la Administración, al atribuir el accidente a un error humano del conductor fallecido. Los familiares sostienen que el vuelco del tren se pudo evitar con la programación de una baliza que frenara el tren a los 60 kilómetros. La asociación AV3J celebrará el próximo martes el sexto aniversario de la tragedia. Los familiares reclaman al jefe del Consell, Alberto Fabra, la apertura de una investigación “sin versiones oficiales dictadas de antemano” y denuncian la ausencia de dimisiones.